La Abogacía exige la dimisión de Dolores Delgado por el impago del turno de oficio

El CGAE, que demandará al Ministerio, la califica como "una de las peores titulares de Justicia que se recuerdan"

Dolores Delgado, ministra de Justicia.
Dolores Delgado, ministra de Justicia.

A las puertas de la conformación de un nuevo Gobierno y a la espera de ver si Dolores Delgado repite como titular de Justicia, a la ministra en funciones se le ha abierto un importante frente con un actor clave en el mundo jurídico. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha trasladado esta mañana su petición formal de que Delgado dimita de su cargo por su "enfrentamiento con el conjunto" de la profesión. El organismo adopta esta postura después de que el Ministerio trasladara que solo abonará los pagos del mes de octubre a los letrados del turno de oficio en aquellos casos en los que estuviera reconocido el beneficio de la justicia gratuita.

En un duro comunicado, el Pleno del CGAE ha destacado que es importante que el candidato a la investidura a presidente del Gobierno "sepa que cuenta en su Gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan".

Asimismo, la Abogacía ha decidido, en una reunión mantenida esta mañana, emprender acciones legales contra el Ministerio por los citados impagos, producidos en las regiones en las que es competente: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta, Melilla y Madrid, en lo que respecta a los tribunales de jurisdicción estatal. La decisión ha sido adoptada por unanimidad de todos los consejeros, que se han mostrado convencidos de "llevar hasta las últimas consecuencias" la reclamacón judicial de una decisión que califican como "incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica".

Además, en el transcurso del debate, los consejeros han considerado oportuno que los servicios jurídicos del CGAE estudien si la reclamación al Ministerio debe hacerse atendiendo al baremo de la justicia gratuita o si, por el contrario, deben requerirse los honorarios de libre mercado. En todo caso, la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito y abre la puerta a que aquellos colegios de abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones, lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.

Según el comunicado del Consejo, el Pleno se ha mostrado confiado en que la Justicia resolverá "más pronto que tarde" esta reclamación en favor de los abogados, "pues está fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez". "El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años", han concluyen los consejeros.

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