El Ejecutivo culpa a la baja inflación del desvío del déficit
España registrará superávit primario dos años más tarde de los previsto
La baja inflación que ha registrado España en los últimos años ha sido una de las variables que ha permitido que la economía ganara competitividad. Sin embargo, el Gobierno defiende que también ha dificultado el cumplimiento del objetivo de déficit. De hecho, el Programa de Estabilidad 2016-2019 remitido ayer por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a Bruselas insiste constantemente en esta idea.
Según los cálculos del Gobierno, el déficit público de 2015 hubiera sido siete décimas inferior si "la inflación observada hubiera coincidido con las previsiones de la Comisión Europea publicadas en 2013, año en el que el Consejo de la UE fijó el objetivo de déficit para 2015 en el 4,2% del PIB". Los números rojos el año pasado alcanzaron el 5% del PIB y, por lo tanto, Hacienda señala que si la inflación hubiera avanzado según el ritmo previsto, el desfase se hubiera reducido hasta el 4,3% del PIB. Es decir, prácticamente se hubiera cumplido el objetivo.
El Gobierno estima que hubiera cumplido el déficit si la inflación hubiera sido la prevista
El Programa de Estabilidad también simula qué hubiera sucedido si el IPC de la zona euro hubiera aumentado un 2% y, el de España, un 1,5%. En tal circunstancia, el déficit público de 2015 habría sido del 4% del PIB, por debajo del límite del 4,2%. Sin embargo, la realidad fue que los precios cayeron de media un 0,5% el año pasado, una circunstancia que permitió que España ganara competitividad."La inflación negativa diluye una parte significativa de los efectos positivos sobre los ingresos fiscales que con frecuencia se asocian a la recuperación de la actividad económica y del empleo", sostiene el Gobierno. Y añade: "La menor inflación tiene un impacto alcista sobre la ratio gasto público/PIB por su efecto sobre el denominador". El Programa de Estabilidad carece de autocrítica.
El documento incluye, como ya se anunció, una revisión a la baja del crecimiento económico y también una nueva senda menos exigente de reducción del déficit público. Ello contribuye a que en las nuevas estimaciones del Gobierno se contemple que España no registre superávit primario hasta 2018, dos años más tarde de lo previsto inicialmente. La ausencia de un saldo primario positivo dificulta que la deuda pública se reduzca a un buen ritmo. De hecho, la deuda pública no bajará del 96% durante el período incluido en el Programa de Estabilidad, que abarca hasta 2019.
Ajuste autonómico
El Gobierno desvela en el documento remitido a Bruselas que los acuerdos de no disponibilidad exigidos inicialmente a doce comunidades autónomas -al final fueron diez al quedar fuera Castilla y León y Madrid- ascienden a 830 millones. Hacienda se ha reunido a lo largo de esta semana individualmente con las comunidades afectadas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Murcia y Baleares) para analizar el margen para limitar el gasto público. Las mayores divergencias se han producido con la Comunidad Valenciana hasta el punto que Hacienda amenazó ayer con intervenir el Gobierno de Ximo Puig.