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La CNMC impone una pena de 2,8 millones

La CNMC multa a AIE y AGEDI por abuso de posición de dominio

Sede de la CNMC.
Sede de la CNMC.Pablo Monge

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado sancionar con 1,57 millones de euros a la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) y con 1,21 millones a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) por abusar de su posición de dominio en la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Según el organismo regulador, ambas entidades fijaron un sistema remuneratorio inequitativo y discriminatorio por la gestión de los derechos de uso de la música por parte de las emisoras de radio.

“Esta conducta, que se extendió desde 2006 hasta 2014, supone una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, añade.

En este sentido, destaca que AGEDI y AIE, en su actividad de gestión, aplicaban tarifas distintas para las emisoras de radio en función de si eran de titularidad pública o privada o si pertenecían a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC). La AERC representa a casi la totalidad de las emisoras de radio privadas en España y alcanza a más del 80% de la audiencia total.

Además, añade que las emisoras públicas de la FORTA se “beneficiaban de unas deducciones cuyo diseño y aplicación carecía de objetividad, lo que les daba una ventaja frente al resto de emisoras privadas”.

La CNMC ha considerado que “como resultado del diseño tarifario realizado por AGEDI y AIE se producen asimetrías injustificadas en cuanto a los costes que deben soportar los distintos operadores radiofónicos, lo que incide en la estructura competitiva del mercado. “El sistema diseñado perjudica a los operadores radiofónicos privados frente a los operadores públicos, y dentro de los primeros los más perjudicados son aquellos que no cuentan con el respaldo de AERC”, precisa.

La CNMC recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

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