¿Transición energética?

Pocos de nosotros, europeos, reflexionamos, siquiera unos instantes, al accionar un interruptor y obtener luz o al poner en marcha nuestro vehículo sobre la importancia de la energía en nuestras vidas. Es natural que así sea, pues es la consecuencia de muchos años de fiabilidad de nuestro sistema eléctrico o de la regularidad del abastecimiento de combustibles que el mercado nos proporciona. No obstante, más de 1.400 millones de personas en nuestro planeta no pueden experimentar esas sensaciones.

Entre las metas están el aumentar los ‘empleos verdes’, el ‘crecimiento verde’ y la reindustrialización

Para que esos gestos sigan siendo cotidianos en las próximas décadas, participen de ellos más personas, y la economía se haga más productiva con costes de energía asequibles, con implicaciones ambientales mejores y con una fiabilidad y seguridad mayores, la UE se fijó unos objetivos muy ambiciosos en 2008 para el año 2020 –paquete clima-energía– y los amplió en octubre del 2014 para el 2030.

Esos objetivos han llevado a acuñar para alcanzarlos el término transición energética, así como multitud de sub-objetivos y metas, contradictorios unos con otros y difícilmente armonizables. Entre los más prometedores estaba el hacer de Europa el líder mundial en energías renovables, gracias a un previsible aumento de los precios de los combustibles fósiles y la reducción de los costes fijos de aquellas vía su desarrollo con subvenciones durante tiempo. Otros objetivos eran reducir la dependencia energética del exterior –Europa importa alrededor del 54% de la energía que necesita, casi un 80% de origen fósil– y luchar contra los gases de efecto invernadero. Entre aquellas metas estaban el aumentar los empleos verdes, el crecimiento verde y la reindustrialización de la economía.

Después de unos años de empeño y bastantes lecciones aprendidas, ¿con qué dificultades y restricciones nos encontramos que puedan impedir anticipar con cierta fiabilidad hacia dónde nos pueda llevar esa transición? ¿Y qué se podría proponer desde el punto de vista español para favorecer el interés común?

En primer lugar, seguimos en una profunda crisis económica con crecimientos de las economías nulos, o casi, y con incrementos de la demanda de energía muy lejos de los previstos. Esta crisis oculta sin duda otra más profunda de identidad y ethos europeo.

El despliegue de las energías renovables ha experimentado un boom, lo que unido a la crisis ha abocado a una sobrecapacidad de producción eléctrica, haciendo que bastantes centrales tradicionales de producción dejen de ser rentables, por lo que algunas podrían tener que cerrar. Esto perjudicaría el objetivo de la seguridad del suministro y el de la capacidad instalada para hacerle frente en cada instante.

Lejos de disminuir, los costes de la energía eléctrica siguen aumentando pues el montante de los incentivos para el desarrollo de las renovables se ha mantenido y su gran expansión necesita muchos más subsidios, además de que en determinadas tecnologías la madurez y competitividad esperable a estas alturas está siendo bastante menor de la anticipada, pese a llevar más de 30 años de evolución. En alguna medida, las energías renovables han sido víctimas de su propio éxito. El aumento de costes ha traído a primera página, después de muchos años, a escala europea, el problema de la pobreza energética, y que, además de otras consecuencias, las industrias con una gran dependencia en sus costes del factor energético hayan visto reducida su competitividad en los mercados mundiales.

Es necesario la puesta en marcha de políticas coherentes y mecanismos automáticos en este sector

Las fuentes de gas y petróleo no convencionales –shale gas y tight oil– gracias a la innovación y competitividad de la industria de extracción han empezado a jugar un papel estratégico y geopolítico de primera magnitud en el mundo, acarreando en su momento una bajada significativa del precio del carbón y del gas, anunciándose una auténtica revolución de estos para el abastecimiento en el horizonte 2030. Esto erosionará aún más las posibles ventajas económicas y el papel de las energías renovables en la cobertura de la demanda en ese horizonte.

Estamos simultáneamente experimentando en Europa un importante envejecimiento de las centrales de producción y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica, lo que hace prever unas necesidades de inversión al respecto de más de 1,1 billones de euros hasta el 2020. Ello, unido al cada día más difícil problema de conseguir financiación en los mercados globalizados y lo poco atractivos que resultan los márgenes de beneficio en esas infraestructuras frente a otras inversiones, así como a la debilidad de los modelos utilizados en los mercados para emitir señales favorables a esas inversiones, añade volatilidad económica e incertidumbre sobre el futuro.

Persisten la carencia de una estrategia general e incoherencias y múltiples contradicciones entre las políticas energéticas, y su regulación, en los países de la UE. Lo que no ayuda precisamente al objetivo final conjunto de hacer consistente la seguridad energética común a medio y largo plazo.

Existen nuevos entrantes en el sector eléctrico que piden protagonismo con fuerza, como son los vehículos eléctricos y la generación de electricidad distribuida, que añaden elementos autóctonos y, en alguna medida, vehiculan cierta capacidad democratizadora del acceso a la energía y empoderar a los usuarios a sentirse protagonistas en este escenario.

Hay una ausencia manifiesta en la industria energética de creatividad y talento para acometer de inmediato los retos del big data, las smart grids, la optimización de sistemas productivos multipolares y multitecnológicos y transmitir sus beneficios a los usuarios.

De estas consideraciones y de las tendencias que se acometen en otras regiones del mundo, de cara al horizonte 2030 de la UE, el lector interesado puede considerar seguir en el futuro las siguientes claves estratégicas:

• El establecimiento de una estrategia en la UE sobre los recursos no convencionales de gas y su explotación comercial, lo que requiere un mejor entendimiento de las tecnologías idóneas para la extracción y su impacto medioambiental;
• El que la UE considere reglamentar el sector energético en sus Estados miembros a nivel supranacional. Una regulación vinculante a escala paneuropea sobre electricidad, gas y el flujo de volúmenes entre regiones evitaría la fragmentación actual y el posible arbitraje regulatorio de compañías del sector energético que pretendan explorar los recursos energéticos allá donde el estándar medioambiental sea el más bajo;
• Impulsar la creación de un mercado energético mundial mediante un marco internacional sobre el comercio de la energía y la adaptación de la infraestructura de abastecimiento de gas con el fin de poder diversificar las importaciones;
• La puesta en marcha de políticas energéticas coherentes a varios niveles –que España no acabe siendo séquito de Alemania y Francia– y mecanismos automáticos para decidir, en vez de burocracia;
• Un diseño conceptual del Mercado Interior de la Energía –un medio para conseguir los objetivos 2030, no un fin en sí mismo– donde los recursos autóctonos se consideren como un activo de cada región y de la UE y donde las necesidades regionales de energía, sus usos y mercados sean una prioridad diferencial. Este mercado debe hacer de una vez por todas que los sistemas energéticos de los países estén fuertemente interconectados y bien regulados. Además, debe potenciar la capacidad de producción eléctrica adecuada dentro de él y, en los países a los que sirva, propiciar una dinámica de cambios tecnológicos e innovación –en los sistemas eléctricos y de gas– de acuerdo con las fuerzas de mercado;
• La eficacia energética como un vector sobre el que desarrollar una industria próspera y fuertemente creadora de puestos de trabajo de calidad en las próximas décadas;
• Un plan de estímulos económicos –en el que prime la creación de empleo y actividad económica de nuevo cuño– para llegar a todos estos objetivos en el que jueguen un papel relevante los particulares, la emisión de eurobonos, el fondo europeo permanente de rescate, MEDE y todos aquellos que dinamicen la extensión del crédito. El denominado Plan Juncker parece una broma de mal gusto a este respecto –por no decir un engaño–, pues de los 315.000 millones que se apuntan, la UE piensa poner solo 21.000 millones. Además la EU Task Force on Investment ha presentado una alternativa de inversión con más de 2.000 proyectos y una cifra de inversión superior a 1,35 billones de euros;
• Apostar por una I+D con visión europea fuertemente coordinada y con indicadores claros de alcance y renovación de resultados, que sea el caldo de cultivo de esta visión y necesidades.

José Luis de la Fuente O’Connor es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Rafael Leal Arcas pertenece a la Queen Mary University of London.