Güemes y Lamela declararán ante el juez
El juez ordena un interrogatorio de todos los querellados, entre ellos los dos consejeros Los presidentes de Capio y Ribera Salud también serán interrogados
El juzgado de instrucción número cuatro de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada en representación de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), por delitos de "realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos" contra: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de asistencia sanitaria y directora del Sermas; Antonio Burgueño, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la Parra, de la Fundación Jiménez Díaz; Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Unilabs y Asisa.
El juez Marcelino Sexmero, que en el auto dicta que no ha lugar la medida cautelar solicitada por el querellante (paralizar el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños), ordena practicar como diligencias de investigación el interrogatorio de los querellados. Los dos últimos en ser interrogados serán los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Manuel Lamela está llamado a declarar el dos de octubre, a las 9.30 horas, y Juan José Güemes el mismo día a las 12 horas. "Todos ellos deberán venir asistidos de letrado en ejercicio o bien solicitarlo".
En el auto, fechado el 20 de junio, el juez explica que el 3 de junio se incoaron diligencias previas por relatarse en el escrito hechos que pudieran ser constitutivos de delito y que el 7 de junio se personaron como acusación particular diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.
El querellante basa su denuncia en "las irregularidades del Sermas en el concierto para asistencia sanitaria" suscrito por Capio, en la "vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o partícipes en la gestión sanitaria".
Manuel Lamela firmó siendo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el contrato por el que un consorcio liderado por la antigua Constructora Hispánica se adjudicaba la gestión de servicios del hospital del Tajo. Lamela inauguró ese hospital, gestionado hoy por una compañía en la que trabaja Lamela, el grupo Assignia Infraestructuras, y en esta relación se basa la querella presentada.
Sobre Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2010, los querellados recuerdan que en la actualidad está vinculado al grupo Unilabs. Y que el pasado mes de noviembre compró el 55% de la UTE compuesta por grupo Balagué y Ribera Salud, por cinco millones de euros. "Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró el señor Güemes", dice la querella.
El juez dice en el auto que deben "despejarse los indicios sobre la actuación de las autoridades que han intervenido en la concesión de contratos o concesiones injustificados a empresas de accionariado opaco". El magistrado añade que debe hacerse esa investigación "sobre todo si por parte de los responsables o exresponsables políticos y administrativos que se mencionan en la querella y las empresas adjudicatarias que se han beneficiado de la adopción de los señalados acuerdos, se ha aceptado la contratación de dichos cargos políticos por empresas privadas como Capio, Unilabs o Assignia, beneficiarias de la privatizacion de la gestión de hospitales públicos".