Miguel Muñoz, nuevo director jurídico de la Comisión de la Energía

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) designó ayer al abogado del Estado Miguel Muñoz Pérez como nuevo director del Servicio Jurídico del organismo. Muñoz, destinado en estos momentos por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sustituye en el cargo a Mariano Bacigalupo, tras un proceso de selección. Bacigalupo había sido nombrado a finales del pasado mes de julio secretario del consejo de la comisión, en sustitución de Marina Serrano, que había sido nombrada, a su vez, representante del consejo ese mismo mes.

Con este nombramiento se completan los cambios en el organismo regulador de la energía, cuyo consejo, incluida la presidencia, que ocupa Alberto Lafuente, es todo él de nuevo cuño.

Hace algo más de dos semanas, el pasado 13 de octubre, el consejo había acordado el nombramiento de Antonio Fernández Segura como director gerente, que se incorporó el día 25 a su nuevo puesto. Fernández Segura fue secretario general de la Energía en la etapa de José Montilla como ministro de Industria y, en estos momentos, era director corporativo de Navantia, el grupo de astilleros público de la SEPI. El puesto de gerente había quedado libre tras la salida de Pablo Fernández el pasado verano.

El nuevo consejo de la CNE tiene un mandato por cinco años, si bien, el Partido Popular, que declinó la invitación del PSOE para nombrar a dos representantes, ha amenazado con dinamitarlo si ganaban las elecciones del 20 de noviembre. Para lograrlo deberá modificar la ley y justificar la maniobra. Una de las vías que los populares estudian, es fusionar la CNE con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y, quizá, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

El decreto eólico

A poco más de dos semanas para las elecciones generales, la actividad de la CNE está al ralentí. El último informe relevante fue el del polémico decreto eólico. Pese a las prisas de Industria, el texto aún no se ha enviado al Consejo de Estado y su aprobación peligra.