Salgado: las medidas están dando "buenos resultados" pese a la "volatilidad" de los mercados
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado ante el Pleno del Congreso de los Diputados que la "senda de consolidación y reformas" bajo los principios de "coherencia y rapidez" que está siguiendo el Ejecutivo está dando "buenos resultados", incluso en "momentos de volatilidad" y "elevada incertidumbre" como los generados por la crisis irlandesa.
Durante su intervención en el debate de convalidación del decreto ley de nuevas medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 3 de diciembre, defendió que las medidas deben ser adoptadas "con decisión", cuyos tiempos de diseño y ejecución no permiten "dilaciones" para actuar "de manera extraordinaria y urgente", con el fin de recuperar la confianza de los agentes económicos y financieros.
Salgado ha asegurado que la actitud del Gobierno ha sido alabada por los organismos económicos de Europa y del marco internacional. "El Gobierno ha ratificado su compromiso con las reformas acelerando el calendario de algunas, como la de las pensiones", ha recalcado, recordando la acogida positiva de las mismas por parte del Eurogrupo.
Imulso al sector privado
La 'número tres' del Ejecutivo socialista ha asegurado que el decreto tiene el objetivo de mejora la competitividad de la economía y reforzar el compromiso con la austeridad y sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando trabas a la actividad empresarial porque es el sector privado el que debe liderar la recuperación.
En ese paquete heterogéneo se incluye el incremento del impuesto especial sobre el tabaco, con el que el Ejecutivo espera recaudar 781 millones de euros y que mantendrá los precios del tabaco "en línea con la medida".
Esta cifra compensará el impacto de las rebajas fiscales para las empresas, como la reducción del Impuesto sobre Sociedades para las sociedades de reducida dimensión, medida estimada en 223 millones de euros, o la ampliación de la libertad de amortización de todas las empresas hasta 2015, con un coste recaudatorio anual de hasta 557 millones de euros.
También se incluye la exoneración del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para todas las operaciones societarias y la eliminación de la obligación de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio, una medida que, según el Gobierno, supondría a las empresas un ahorro anual de 250 millones de euros, de los cuales 90 millones de euros repercutirán en las pymes.
Privatización de AENA
Asimismo, la privatización parcial de organismos como Loterías y Apuestas del Estado (LAE) o del 49% de AENA, medida esta última con la que espera obtener alrededor de 8.906 millones de euros, según la estimación de su valor de mercado, aunque esta cifra podría reducirse a 2.707 millones descontada la deuda que arrastra el ente.
Por último, la norma incluye también las polémicas reformas relativas a la jornada laboral de los controladores que fueron esgrimidas por este colectivo para justificar los 'plantes' que provocaron el cierre del espacio aéreo español en los primeros días del Puente de la Constitución y la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno.
Nuevos orientadores
Respecto a las medidas de corte laboral, centradas en la contratación de 1.500 nuevos orientadores de empleo para los servicios públicos de empleo y la prórroga, hasta diciembre de 2012, de la permanencia de los otros 1.500 orientadores que desde 2008 trabajan en estas oficinas, el coste estimado alcanza los 155,71 millones de euros entre el próximo año y el siguiente.
De hecho, el gasto en 2011 alcanzará los 48,94 millones de euros, una partida no incluida en los Presupuestos Generales del Estado, de los que 2,87 millones se destinarán a la transferencia de políticas activas de empleo al País Vasco, mientras que en 2012 el gasto se elevará hasta los 106,77 millones de euros, teniendo en cuenta que cada orientador supone 35.000 euros anuales.
El documento no aclara si se estudiará la prórroga de esta medida más allá de 2012, pero sí desliza que "puede servir de referencia para próximas actuaciones" ante el incremento de la demanda de estos servicios. Así, explica que mientras en 2009 se atendieron a 859.349 parados, hasta septiembre de 2010 la cifra ya había alcanzado los 710.068.
Por último, el decreto certifica que de la misma forma, los funcionarios de nuevo ingreso se integrarán en el Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas "quedará a extinguir".