El Gobierno veta la ofensiva del PP para derogar por ley la 'congelación' de las pensiones
El Gobierno ha vetado en el Senado la tramitación de una proposición de ley del PP para suprimir la 'congelación' de las pensiones en 2011 incluida en el decreto ley de medidas antidéficit que convalidó el Congreso de los Diputados el pasado 27 de mayo, obligando al Gobierno a modificar otras partidas para ahorrar los 1.500 millones de euros que calculaba con esta medida.
Fuentes parlamentarias explicaron que el Ejecutivo ha transmitido a la Mesa de la Cámara Baja su disconformidad con la tramitación de esta proposición de Ley en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución, que les da capacidad para decidir sobre iniciativas que supongan incremento de gastos o disminución de ingresos.
El PSOE ha sufrido cuatro derrotas consecutivas, una en el Senado y tres en el Congreso de los Diputados, con iniciativas de la oposición reclamando la retirada de esta medidas, si bien ahora el PP trató de plantearlo a través de una norma con rango de ley, que hubiera obligado al Gobierno a su cumplimiento. El mismo texto presentado en el Senado fue registrado también en el Congreso.
En él, los 'populares' reclaman que se suprima el Capítulo II de la norma a fin de garantizar la revalorización automática de las pensiones contenida en la Ley General de la Seguridad Social, una disposición aprobada en 1996 durante el Gobierno del PP.
Queda el Congreso
El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre la proposición de ley que los 'populares' han presentado en una propuesta en el Congreso con el mismo texto, ni sobre otra en la misma línea registrada por ERC a principios de junio. Según ha determinado la Mesa de la Cámara Baja, el Ejecutivo tiene hasta el 16 de septiembre para comunicar su decisión.
El PP insiste en que uno de los "elementos claves" del Pacto de Toledo, iniciado en 1995, fue garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de los españoles, ante lo que el "decretazo" impulsado por el Gobierno representa una "contradicción flagrante" que demuestra que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "rompe el mayor Pacto de Estado en materia social desarrollado en la España de la democracia.
