Reserva de una zona en Asturias

El Gobierno fija las pautas para el almacenamiento bajo tierra del CO2

El Gobierno aprobó el viernes las condiciones de seguridad e impacto ambiental para la captura y almacenamiento de CO2. Transpone la directiva comunitaria, que prevé 15 proyectos instalados en 2015.

El Consejo de Ministros dio el viernes el visto bueno al anteproyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. El objetivo de la norma es establecer una base jurídica para que estas actividades se lleven a cabo "en condiciones seguras para el medio ambiente y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático".

La captura y almacenamiento geológico de CO2 consiste en captar el gas contaminante que expelen ciertos procesos industriales, transportarlo a un emplazamiento subterráneo y confinarlo permanentemente. Esta nueva normativa transpone a la legislación española las directrices de la UE sobre captura, almacenamiento y transporte de CO2, que es el principal responsable del cambio climático.

El objetivo del Gobierno comunitario es impulsar 15 proyectos de captura y almacenamiento en 2015, que sean viables comercialmente para 2020.

El anteproyecto establece que las instalaciones deben cumplir la normativa sobre control integrado de la contaminación, obtener la correspondiente autorización ambiental integrada y cumplir la legislación sobre impacto ambiental. En cuanto al transporte del gas, las tuberías y gasoductos deben someterse también a declaración de impacto ambiental.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que esta normativa servirá para la planta de oxicombustión de Compostilla (León), que estará participada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y por Endesa y dependerá del Ejecutivo central. Esta planta recibió el pasado miércoles una subvención de la UE de 180 millones para su desarrollo.

Como medida complementaria a esta aprobación, el Gobierno declaró que se reserva una zona en Asturias, denominada Asturias Centro, como área de reserva provisional a favor del Estado para su explotación como estructura subterránea susceptible de acoger un almacenamiento de CO2. La vicepresidenta no quiso, sin embargo, precisar "cuántos" emplazamientos puede haber en España ni "dónde" estarán.

Fernández de la Vega dijo que el Gobierno está en contacto con las comunidades autónomas y buscando "otros lugares para futuros centros de almacenamiento". La vicepresidenta garantizó sin lugar a duda que las plantas de almacenamiento de CO2 que se construyan "respetarán todas las normas de impacto ambiental" y garantizarán "la seguridad que ya viene dada por la propia tecnología". Estas plantas servirán para el cumplimiento de los objetivos españoles de cambio climático.