Guipúzcoa estudia recurrir la sentencia contra las vacaciones fiscales vascas
El diputado de Hacienda y Finanzas de Guipúzcoa, Pello González, ha afirmado que están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia del tribunal de la Unión Europea (UE) que hoy ha confirmado la ilegalidad de las "vacaciones fiscales" vascas.
González ha hecho esta declaración tras asistir a la misa de la festividad de la Virgen de Arantzazu, en Oñati (Guipúzcoa), donde ha subrayado que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de la UE no tiene "ningún efecto práctico" porque las ayudas ya fueron devueltas en su día.
En su opinión, es una paradoja que se hable de ayudas de Estado cuando todos los países han estado apoyando en los últimos tiempos con "cantidades ingentes", sobre todo a entidades financieras.
González ha considerado que es una "contradicción" que se castigue a las diputaciones forales por unas ayudas que se concedieron para que no cayera la industria en sus territorios.
Ha añadido que en 2007 y 2008 la Diputación habló con las empresas que recibieron las ayudas y comprobó que en su momento sirvieron para "apuntalar" el tejido económico del País Vasco.
"Si hoy somos lo que somos, evidentemente es fruto de muchas medidas que en su día se tomaron", ha concluido González, quien ha agregado que se seguirá trabajando para intentar aplicar las medidas que se consideren oportunas y evitar que el tejido económico guipuzcoano padezca.
El Tribunal de Luxemburgo ha confirmado hoy la ilegalidad de estas ayudas tributarias concedidas en el País Vasco en la década de los noventa a nuevas empresas, y ha respaldado el enfoque de la Comisión Europea de que eran incompatibles con el mercado común.
Las "vacaciones fiscales vascas", consistentes en exenciones temporales del Impuesto sobre Sociedades y otras ventajas en el pago de ese tributo, estuvieron vigentes en las tres provincias vascas en diferentes periodos entre 1995 y 2000, y de ellas se beneficiaron unas trescientas empresas.
Las ayudas fueron denunciadas por La Rioja por fomentar la fuga de empresas de otras regiones hacia el País Vasco, y la Comisión Europea concluyó en 2001 que constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado común y ordenó a España su suspensión y la recuperación de los fondos entregados.