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Automóviles

El Estado alemán planta cara a Porsche y afianza su posición en VW

El land de Baja Sajonia no está dispuesto a permitir que Porsche y las futuras ampliaciones de capital le mermen capacidad de influencia en Volkswagen, la joya del Estado federado. El Gobierno regional anunció ayer que el pasado jueves compró 367.000 acciones del fabricante automovilístico, adquisición en la que ha invertido 41 millones de euros obtenidos a través de un préstamo. El Estado de Baja Sajonia es el segundo accionista de Volkswagen por detrás del fabricante de deportivos Porsche, que ostenta una participación del 30,9% en el consorcio de Wolfsburg.

Una portavoz del ministerio de Finanzas de la región explicó ayer que el land (el equivalente a las comunidades autónomas españolas) de Baja Sajonia ha querido asegurar que su participación actual del 20,76% de los derechos de voto se mantenga por encima de la minoría de bloqueo del 20% con la compra de este paquete de acciones a 112 euros por título. Con esta participación en sus poder, evita que se puedan aprobar decisiones importantes en contra de los intereses del Estado federado.

La compañía va a llevar a cabo una ampliación de capital el 9 de julio para permitir a su plantilla adquirir títulos de la compañía, operación que diluiría la participación del land por debajo del umbral del 20%.

Ley Volkswagen

Este límite de bloqueo situado en el 20% es una de las peculiaridades del capital de la compañía. Desde 1960, el Estado alemán impuso la llamada ley Volkswagen, que frena cualquier intento hostil de absorción, asegura la presencia en el accionariado y el consejo de vigilancia del fabricante del Gobierno federal o del Estado federado. Esta disposición limita los derechos de voto de un accionista al 20%, aunque tenga una participación superior.

A la ley le puede, sin embargo, quedar poco tiempo de vida. Bruselas considera que esta acción de oro va en contra de la libre circulación de capitales , según el abogado general del Tribunal Europeo, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, que la consideró contraria al derecho comunitario.

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