La Audiencia archiva el caso de las cesiones del Santander

La Audiencia Nacional acordó ayer el sobreseimiento del caso de las cesiones de crédito por el que se imputaban diversos delitos fiscales a Emilio Botín, presidente del grupo Santander. La acusación popular recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.

Alivio navideño en la sede central del Santander, en Boadilla del Monte. El auto dictado ayer por la Audiencia supone un punto y aparte en un procedimiento penal iniciado en 1991 -tras una querella de José María Ruiz Mateos-.

Las dos acusaciones populares pedían a los magistrados penas de hasta 180 años de cárcel para Botín y otros directivos del Banco Santander (Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel), por haber favorecido que cientos de clientes del banco evadieran impuestos gracias a la contratación de un producto de ahorro denominado cesiones de crédito. Los cuatro ejecutivos estaban acusados de cometer varios delitos fiscales y de falsificación de documentos. Los hechos se remontan a los años 1989 y 1990.

Aunque durante la instrucción de la causa la jueza Teresa Palacios había encontrado indicios de la comisión de delitos, el tribunal que ha enjuiciado el caso no ha entrado a valorar si existió o no algún ilícito penal. El sobreseimiento se ha decretado por cuestiones procesales.

La sala de lo penal de la Audiencia, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez (que además ha sido ponente del auto), ha reconocido los argumentos de las defensas y de la Fiscalía, que negaban a la acusación popular legitimidad para mantener en solitario el proceso.

La acusación popular era ejercida por la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), ligada a Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto y ex consejero de esta entidad, y por la coalición de partidos Iniciativa per Catalunya-Els Verts (ICV).

El auto indica que si se permite a una acusación popular actuar en solitario en el proceso penal -esto es, sin que participe alguna acusación particular o el Ministerio Público- 'equivaldría a permitir que cualquier ciudadano no perjudicado u ofendido por el delito pueda, por su sola voluntad, actuar incluso en contra de los intereses del perjudicado u ofendido por el hecho ilícito y en contra del criterio del fiscal' que defiende el interés público.

A lo largo de la instrucción del caso, tanto la acusación particular (ejercida por la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria) como la Fiscalía, habían solicitado en reiteradas ocasiones el archivo de las actuaciones.

Joan Herrera, diputado de ICV, calificó la decisión judicial como 'grave' y aseguró, en declaraciones a la agencia Efe, que 'vacía de contenido la figura jurídica de la acusación popular'. También acusó al Gobierno y a la Fiscalía de no haber 'perseguido en este caso los intereses del erario público'.

Los abogados de las dos acusaciones populares confirmaron ayer que recurrirán ante el Tribunal Supremo el auto de sobreseimiento.

Debate sobre la figura de la acusación popular

La decisión de la Audiencia Nacional puede cambiar los libros de derecho procesal. Según el auto de sobreseimiento dictado ayer, un proceso penal no puede avanzar si no está personado bien la Fiscalía, bien algún perjudicado. Esta interpretación es tachada por algunas asociaciones como un 'golpe de gracia' para la figura de la acusación popular. 'Una ONG que defiende el medio ambiente debería poder reclamar, en solitario, responsabilidades penales por edificar en un parque natural', explican. 'Con este criterio, el avance del proceso penal quedaría al albur del fiscal de turno', añaden. Sin embargo, fuentes jurídicas consideran que la decisión de ayer es un paso importante para frenar a asociaciones que utilizan la acción penal para 'chantajear a compañías'.