Las empresas condenadas por delito fiscal no podrán contratar con la Administración

La responsabilidad penal para las personas jurídicas, introducida en el proyecto de reforma del Código Penal, supondrá para las empresas condenadas por delito fiscal la inhabilitación, entre dos y cinco años, para contratar con Administraciones públicas y recibir ayudas o subvenciones, además de multas de hasta seis veces el fraude cometido.

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas supone una revolución en el derecho español