La ley contra la morosidad tiene escasa aplicación en España
Después de medio año desde la entrada en vigor de la ley contra la morosidad en los pagos comerciales, aún son muchas las empresas suministradoras de bienes y servicios que apenas han obtenido beneficios de la aplicación de la norma. Así lo asegura el Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas (EAE). En opinión de Pere Brachfield, profesor de Credit Management de la EAE y presidente de la Asociación de Gerentes de Crédito de Cataluña, el periodo medio de cobro en España sigue siendo superior a los tres meses, lo que supone que este plazo sea uno de los más dilatados de Europa.
'La clave de la lucha contra la morosidad no está sólo en aprobar leyes y publicarlas en el BOE, sino en mejorar el comportamiento de pago de las empresas mediante un código ético de voluntario cumplimiento basado en las mejores prácticas', explica Brachfield. Este experto incide en que la entrada en vigor de la ley promulgada en 2004 no ha sido suficiente para mejorar las prácticas de pago. 'Es necesario acabar con la vampirización financiera a la que en España unas pocas empresas y administraciones públicas someten a sus proveedores y se debe adoptar una línea de conducta en los pagos como preconizan las instituciones europeas y se está llevando a cabo en la mayoría de los estados de la UE'. señala este profesor.
Brachfield añade que en diversos países europeos este tipo de códigos de buen comportamiento en los pagos ha supuesto una mejora considerable en las costumbres de pago.
Según datos aportados por la patronal de la industria alimentaria, la FIAB, el comercio minorista de la gran distribución sigue pagando a sus proveedores a unos plazos que van desde los 110 a los 130 días.
Posición dominante
Los proveedores no se atreven a reclamar en muchas ocasiones los derechos que les reserva la ley contra la morosidad en los pagos financieros. La razón es puramente comercial. No quieren perjudicar las relaciones con sus principales compradores.