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Proyecto

Solbes prepara una ley para aumentar la transparencia en los ministerios 'económicos'

El Gobierno quiere evitar el uso partidista de la información y facilitar la toma de decisiones de los agentes sociales. Para ello, el Ministerio de Economía y Hacienda está elaborando una ley que obligará a ministerios y organismos públicos dependientes de la Administración Central a aportar más estadísticas de las que actualmente se ofrecen, y a hacerlo mediante la publicación de un calendario fijo. Según fuentes del ministerio dirigido por Pedro Solbes, esta medida aumentará la transparencia informativa.

La norma está siendo elaborada por la Secretaría de Estado de Economía y el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo al que se ha recurrido por su amplia experiencia en la publicación de estadísticas mediante un calendario fijo preestablecido desde comienzos de año. Para empezar, desde la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ya se ha pedido a todos los ministerios que informen de los datos que tienen, con el fin de elaborar un catálogo de estadísticas oficiales que pueda incluso publicarse por Internet.

Fomento, Trabajo, Vivienda,...

Aunque aún no se ha definido exactamente el contenido de la ley, en principio afectará a los ministerios sectoriales, aquellos con un contenido más económico, como es el caso de Fomento, Trabajo, Vivienda o Industria, además del propio Ministerio de Economía y Hacienda.

Fuentes de este departamento indicaron que el objetivo de la ley no es sólo establecer un calendario fijo de publicación, sino también informar de todas aquellas estadísticas que se consideren de interés para la opinión pública. En este sentido, la norma establecerá, para cada departamento, qué información ha de publicarse en función del ámbito al que afecte, aunque serán los diferentes ministerios los que deberán establecer la estadística final que se facilite.

Economía pretende tener lista la norma antes de que finalice este año, por lo que lo más probable es que se apruebe mediante un decreto-ley, con una entrada en vigor inmediata desde que lo aprueba el Gobierno, aunque posteriormente debería ser ratificada, en su caso, por el Parlamento.

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