Economía presiona a las comunidades para liberalizar los horarios comerciales
La reanudación del curso político tras las vacaciones trae consigo que se retomen viejas disputas en clave económica aún sin resolver. Una de las más polémicas y que tiene enmarañada a la Administración central, la autonómica y la local, es la liberalización de horarios comerciales en todo el territorio nacional, asunto en el que tienen competencia las tres Administraciones.
Desde el Gobierno central, el Ministerio de Economía no quiere que la cercanía electoral (autonómicas de otoño en Cataluña y Madrid, y generales en marzo de 2004) sirva de pretexto para dejar en suspenso este asunto y ha convocado una reunión con máximos responsables de Comercio de los respectivos Gobiernos regionales.
Aunque la cita, de carácter ordinario, estaba prevista para mañana, día 10, ésta se ha retrasado al miércoles 17 de septiembre, por razones de agenda y para dar tiempo a concretar posturas.
En la reunión, el Ejecutivo central pondrá sobre la mesa su interés por acelerar al máximo la liberalización de horarios comerciales, según reconocieron ayer fuentes del ministerio que dirige Rodrigo Rato.
Economía cuenta como elemento de presión el reciente informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) hecho público en julio sobre las condiciones en el sector y en el que se arremete con fuerza contra las trabas que las comunidades autónomas imponen sobre la distribución comercial.
'El texto del tribunal se pondrá sobre la mesa para que sirva de reflexión', admiten las mismas fuentes, siendo conscientes, no obstante la dificultad para que se produzcan avances a corto plazo antes de las elecciones de marzo.
En su informe, el TDC avisa que la legislación actual restringe nuevas aperturas de grandes superficies, refuerza la posición del comercio instalado y crea monopolios de facto. Por ello pide un cambio en la ley del comercio minorista y en la regulación autonómica para restablecer la libre competencia.
El decreto del año 2000
Uno de los caballos de batalla son los horarios de apertura, aspecto en el que están enfrentados el pequeño comercio, que desea un control de los mismos; los hipermercados, deseosos de liberalizarlos al máximo, y los supermercados, a medio camino entre unos y otros.
El decreto aprobado por el Gobierno en el año 2000 para intensificar la competencia establecía un número mínimo de domingos y festivos, ampliable progresivamente, que las comunidades debían habilitar para la apertura de sus comercios. æpermil;stos eran de, al menos, nueve domingos y festivos, en 2001; diez, en 2002; once, en 2003, y doce, en 2004.
Además se debe abrir al menos 90 horas semanales en días laborales.
El artículo 43 del citado real decreto posponía la aplicación de la libertad total de horarios para grandes superficies hasta al menos enero de 2005 y siempre que haya un acuerdo entre el Ejecutivo central y las comunidades. Pero Economía no quiere esperar a 2005 para empezar a negociar. La cita del día 17 servirá de pistoletazo de salida para el inicio de las conversaciones, que pueden durar meses en una materia en la que los Ejecutivos regionales tienen mucho que decir. De hecho, las comunidades tienen competencia para fijar el horario máximo semanal y conceder licencias de nuevas aperturas. También determinan las zonas turísticas con libertad de horario, regulan el régimen sancionador y los horarios de los establecimientos que exclusivamente venden productos culturales o servicios de esta naturaleza.
Plena libertad para el pequeño comercio
El debate sobre la libertad de horarios se circunscribe sólo a las grandes superficies. En la actualidad ya existe plena libertad de apertura para establecimientos menores de 300 metros cuadrados, los de venta de pastelería, pan, prensa, combustible, floristería y tiendas instaladas en estaciones y medios de transporte. Lo que ocurre es que, salvo los inmigrantes, el resto decide normalmente guardar las fiestas.
Recelo tradicional en Cataluña
Si Madrid es la región más aperturista en materia de horarios, en Cataluña es donde más recelo suscita este asunto, fruto de la presión del pequeño comercio al Ejecutivo catalán. De hecho, CiU ha presentado una proposición para que quede sin efecto el real decreto de 2000 y se vuelva a la ley de ordenación del comercio de 1996, en la que las comunidades autónomas tenían plenos poderes de gestión en el sector.
Madrid, la comunidad más aperturista
Madrid es la comunidad autónoma en la que se permite a las grandes superficies abrir un mayor número de domingos y festivos, fruto de la política liberalizadora del presidente (ahora en funciones) Alberto Ruiz-Gallardón.Concretamente se permiten, al menos, 21 domingos y festivos, mucho más que los 11 fijados como mínimo para todo el territorio nacional durante el año 2003.