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Audiencia

Corcóstegui declara hoy como imputado por un presunto delito societario

El ex vicepresidente primero y consejero delegado del Santander Central Hispano Ángel Corcóstegui acudirá hoy a la Audiencia Nacional, donde está citado por la jueza Teresa Palacios para declarar como imputado por un presunto delito societario.

La declaración de Corcóstegui fue solicitada a raíz de que la instructora del caso decidiera unir la investigación sobre el pago que recibió a su salida del SCH a la que ya tramitaba sobre José María Amusátegui. Tanto Amusátegui como el presidente Emilio Botín están imputados en esta primera investigación, a raíz de una querella presentada por Pérez Escolar, al considerar que este pago es constitutivo de un delito societario o de apropiación indebida 'por el indudable y grave perjuicio causado a todos los accionistas'.

La jueza ha citado a declarar también para el mismo día, aunque en calidad de testigo, al consejero y presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones del banco, Fernando de Asúa, a quien previsiblemente interrogará sobre la legalidad de estos desembolsos y la forma en que deben anotarse en las cuentas. Además, Palacios ha requerido al banco para que aporte toda la documentación relacionada con el pago a Corcóstegui, desde el contrato hasta la forma en que se contabilizó esa partida en su contabilidad.

El informe de auditoría presentado el lunes 17 de marzo por el banco señala que Corcóstegui recibió 56 millones de euros netos por el fondo de pensiones que tenía provisionado el banco a su favor cuando el 13 de febrero dejó el grupo, aunque el importe total provisionado asciende a 108 millones brutos en concepto de liquidación de los compromisos de pensiones asumidos con el ex directivo y puestos en valor en el momento en que presentó su renuncia. Esta cifra es en concepto de pensión, ya que, según el banco, no recibió ningún tipo de indemnización por su salida.

Esta semana podría producirse también el ingreso en prisión de Alberto Alcocer y Alberto Cortina, condenados a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa.

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