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El Constitucional levanta la suspensión al impuesto turístico de Baleares

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión a la aplicación del impuesto turístico de Baleares. El presidente balear, Francesc Antich, afirmó ayer que el cobro del impuesto será inmediato.

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión a la aplicación del impuesto turístico de Baleares. El presidente balear, Francesc Antich, afirmó ayer que el cobro del impuesto será inmediato.

Nekane Domblás Palma de Mallorca

El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, anunció ayer la inmediata aplicación del impuesto turístico después del auto del Tribunal Constitucional en el que levanta la suspensión del impuesto y se permite al Ejecutivo autonómico que lo cobre hasta que resuelva que el tributo es o no inconstitucional. El Gobierno central recurrió este impuesto ante el Constitucional que, en su primera resolución, ha dado la razón al Gobierno de Antich. El impuesto turístico grava con cantidades que van de 0,25 euros a 2 euros las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de las islas y reportará unos ingresos adicionales a Baleares de unos 60 millones de euros al año. Estos ingresos irán destinados a inversiones en materia de medio ambiente y a regeneración de zonas turísticas.

El auto del Constitucional señala que debe prevalecer este interés medioambiental por encima del interés particular de los ciudadanos afectados por el impuesto; añade también que debe prevalecer el interés de la comunidad autónoma, ante la presunción de legitimidad de la ley aprobada por el Parlamento balear. El auto rechaza uno a uno los argumentos defendidos por el Gobierno para mantener la suspensión. Señala, por ejemplo, que el descenso del número de turistas que podría provocar la aplicación de este impuesto no es más que una hipótesis rechazable y precisa que las empresas del sector hotelero no se verán perjudicadas, ya que son los turistas y no las empresas de hostelería quienes pagarán el impuesto. Por último, a pesar de que en caso de inconstitucionalidad sería muy difícil devolver a cada uno de los turistas las cantidades pagadas, el auto del Constitucional señala que este perjuicio particular sería inferior al interés de la comunidad.

 

Fuerte rechazo a la tasa para tratar residuos cárnicos

La industria cárnica agrupada en Confecarne rechaza el acuerdo marco propuesto por el Ministerio de Agricultura para financiar la eliminación de las harinas cárnicas y anuncia, a través de un comunicado, que lo impugnará. Confecarne considera que este acuerdo, ratificado por ganaderos, parte de la industria y de la distribución en el Ministerio de Agricultura, no aporta soluciones y crea cargas administrativas que agravan la situación de las pequeñas empresas, sobre todo.

Asegura que a los mataderos no les queda otro remedio que repercutir los costes de destrucción de las harinas y señala que habrá un cierre unánime de estos establecimientos si "se producen actuaciones de fuerza".

Recuerda que el impacto económico de la destrucción de las harinas, sin subvención, supone para los mataderos la pérdida de más de 14.000 millones de pesetas anuales, "un coste imposible de soportar para estas empresas".

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, dijo sobre los costes de eliminación que "los ganaderos no pueden pagarlos, puesto que ya están asumiendo los costes de la retirada de los materiales específicos de riesgo (MER)".

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, advirtió ayer en Oviedo que esta organización organizará una "gran movilización", si el ministerio no da pronto una solución al problema de financiación que hay para destruir los materiales específicos de riesgo (MER).

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