Bruselas autoriza 25.000 millones de ayudas a la planta de General Electric en Cartagena
La Comisión Europea adoptó ayer formalmente cuatro decisiones concernientes a ayudas de Estado en territorio español. Sólo la relativa a la subvención de 152 millones de euros (25.300 millones de pesetas) para una inversión de 630 millones de euros de General Electric (GE) en la región murciana recibió el visto bueno.
Bruselas considera que el resto -entre ellas ayudas concedidas por la Generalitat de Cataluña y el Principado de Asturias- están destinadas a proyectos o empresas de dudosa viabilidad y serán objeto de concienzudo escrutinio por parte del comisario de Competencia, Mario Monti.
La planta de GE en Cartagena espera comenzar a producir el próximo año policarbonato, un material plástico omnipresente en la vida diaria a través de los compact disc, los DVD, los CD-Rom, los teléfonos móviles o los ordenadores. Se espera que el proyecto, el segundo de la multinacional estadounidense en esa localidad, permita la creación de 225 puestos de trabajo directos y 306 indirectos.
Bruselas duda, en cambio, de los beneficios que puedan derivarse de un préstamo de 2.000 millones de pesetas que el Institut Catalá de Finances, dependiente de la Generalitat, concedió en términos muy favorables a la empresa textil catalana Hilados y Tejidos Puigneró. Denunciantes anónimos han alertado a Bruselas sobre esta ayuda no notificada a una empresa que se declaró en suspensión de pagos en 1983 y en 1999, y que, según la Tesorería General de la Seguridad Social, tiene una deuda acumulada con ese organismo de 8.300 millones de pesetas. Bruselas ha decidido investigar no sólo el préstamo del Institut, sino todas las posibles ayudas públicas concedidas a Puigneró durante los últimos 10 años.
La Comisión también duda de la legalidad de las ayudas concedidas al Grupo de Empresas Álvarez (GEA), de Vigo, y a Porcelanas Principado, de Asturias. Ambas operan en el sector de vajillas y menaje de porcelanas, que Bruselas califica de "saturado". La Comisión advirtió en 1997 que no permitiría más ayudas públicas a GEA.