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El Monte remite una carta a sus clientes acusando a la Junta de boicotear la fusión

El Monte ha replicado a la ofensiva de la Junta en favor de la renovación enviando a sus clientes una carta, fechada el pasado día 31, en la que denuncia una "intromisión política intolerable" en el proceso de fusión con Caja San Fernando. La entidad solicita el respaldo de sus clientes al proyecto de fusión y sostiene que hay fuerzas políticas que están planteando "un ataque frontal al corazón mismo del proceso de integración". El escrito, firmado por el vicepresidente de la entidad y representante de los impositores en el consejo, José Manuel Hernández, añade que "fuerzas políticas con intereses diferentes a los de nuestro clientes y los de la sociedad andaluza tratan de sembrar la inquietud y la desconfianza".

La carta recuerda que cuatro dictámenes "de los más importantes especialistas" avalan el acuerdo de fusión, en el que también se recoge la paralización del proceso de renovación de los órganos. El presidente de la Junta se mostró ayer contundente a la hora de defender la compatibilidad de fusión y renovación. Manuel Chaves advirtió a los que "manipulan y distorsionan" la posición del Gobierno andaluz que "habrá fusión de las entidades sevillanas y se renovarán los cargos como marca la Ley de Cajas y avala el Consejo Consultivo".

El PSOE y el PP, por otra parte, alcanzaron ayer un acuerdo sobre la Caja de Jaén que pasa por la convocatoria de una asamblea general extraordinaria para el 29 de junio en la que se aprobarán los estatutos adaptados a la Ley de Cajas, que en su día no contaron con el respaldo de dicho órgano. Fuentes de la Caja de Jaén confirmaron a Efe que el acuerdo concede la vicepresidencia segunda al PP, que retira los recursos judiciales contra la caja.

Por otra parte, José Antonio Sáenz, propietario de Gestión Inmobiliaria Umberla 4, niega que cobrase 250 millones de pesetas de Uriva, sociedad de San Fernando, en dinero negro. Afirma que existe una instrucción abierta desde hace un año y medio por una denuncia de Ignacio Guzmán, pero asegura que la inspección de Hacienda ha confirmado que no existen sospechas de este cobro.

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