La fiscalía apoya al Gobierno en el conflicto contra el Supremo
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, expresa en un informe su respaldo al Gobierno en el conflicto jurisdiccional que mantiene contra el Tribunal Supremo por la aplicación del indulto al ex juez Javier Gómez de Liaño.
La fiscalía, como ha venido manteniendo desde el principio, vuelve a solicitar a la Sala Segunda del Supremo que rectifique y ordene el reingreso de Liaño en la carrera judicial, tal y como establecía el real decreto gubernamental. El ex magistrado Gómez de Liaño fue condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de inhabilitación con la correspondiente expulsión de la carrera judicial por cometer un delito de prevaricación continuado durante la instrucción del caso Sogecable.
El Gobierno le indultó, pero el Supremo sólo aplicó la medida de gracia en la pena de inhabilitación. No devolvió la condición de magistrado a Liaño por considerarlo ilegal.
En el trámite de alegaciones al requerimiento de inhibición formulado por el Gobierno frente al Supremo, la fiscalía apoya al Ejecutivo y destaca que el tribunal "no puede entrar en el examen o censura de lo que es facultad discrecional" de indulto del Gobierno, salvo en los elementos reglados en la ley. Unas excepciones que, a juicio del ministerio público, no concurren en este caso.
Para la fiscalía, el Tribunal Supremo no puede asumir una jurisdicción correctora de la prerrogativa real. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional ha proclamado "la inalterabilidad en la aplicación del contenido material" de los medidas de gracia.
Según Luzón, no existe ningún obstáculo legal para que el Tribunal Supremo, antes de inhibirse en favor del Gobierno en este caso, anule su resolución anterior sobre el indulto y lo aplique en los términos aprobados por el Gobierno, es decir, con reintegro inmediato en la carrera judicial de Gómez de Liaño.
En la misma línea de la fiscalía se pronunció a principios de semana, en sus alegaciones, el ex juez Gómez de Liaño. Faltan por informar los representantes legales de Sogecable, y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, acusaciones particular y popular en el caso Liaño, respectivamente. Tienen de plazo para hacerlo hasta el próximo lunes. Previsiblemente, ambos se opondrán a la inhibición reclamada por el Gobierno. La presentación de informes entran dentro de la tramitación del conflicto jurisdiccional planteado por el Gobierno.