La IA no puede regularse sola
Pedro Sánchez presenta medidas para adaptar a España a esta nueva tecnología
Llega tarde, pero llega. Pedro Sánchez fijó ayer, durante la presentación del plan IA360, la posición del Gobierno en el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial. La gravedad de las amenazas que la propia industria tecnológica ha reconocido durante las últimas semanas obliga a definir los límites que deben imponerse al desarrollo de una IA cada vez más potente y decidir hasta qué punto puede dejarse esa tarea, como defiende Donald Trump, en manos de las propias empresas que construyen los modelos.
Sánchez anunció un plan para abordar el impacto de esta tecnología y reclamó un “nuevo contrato social” que implique a empresas, sindicatos, trabajadores y poderes públicos. El presidente del Gobierno resumió su posición con una frase: “La autorregulación no funciona”. La historia económica ofrece, dijo el dirigente, suficientes ejemplos de que los incentivos privados y el interés general no siempre coinciden.
El impacto de la IA es transversal. Afecta a ámbitos tan diversos como el empleo, la seguridad, la educación, la política o las relaciones sociales. Riesgos que hace poco se situaban en horizontes de cinco o diez años empiezan a contemplarse ahora en plazos de meses. Este año se han conocido casos de agentes de IA que han actuado fuera de los límites previstos por sus desarrolladores. Además, Evan Hubinger, investigador de Anthropic, estimó que existe más de un 10% de posibilidades de que la IA acabe con la humanidad durante la próxima década.
No hace falta asumir los escenarios más catastrofistas para constatar que la transición será complicada. El mercado laboral tendrá que afrontar la desaparición o transformación de puestos de trabajo por una tecnología que, a diferencia de anteriores procesos de automatización, alcanza también a numerosos oficios cualificados. Los colegios deberán encontrar la manera de que los alumnos utilicen la IA para aprender más y no para dejar de aprender. Los gobiernos y las empresas tendrán que defenderse de amenazas de ciberseguridad que, gracias a esta herramienta, multiplican la capacidad de encontrar vulnerabilidades en los sistemas.
En una legislatura que entra en su tramo final, Sánchez tendrá que demostrar que las medidas anunciadas pueden traducirse en mecanismos eficaces. No hay que esperar a un Chernóbil tecnológico, ni a comprobar demasiado tarde, como ocurrió con las redes sociales y sus efectos sobre la salud mental, que ninguna precaución es poca. Todavía hay margen para evitar consecuencias catastróficas y, en esto sí acierta Sánchez, esa tarea no puede dejarse únicamente en manos de las empresas.