El Estado de bienestar de los jóvenes
Cada vez más españoles entre los 18 y los 34 años dependen económicamente de su familia
Hay toda una generación que vive entre el miedo y la desesperanza por que llegue el momento de abandonar la casa de los padres. Un informe presentado ayer por CC OO destaca que solo el 31% de los jóvenes de entre 18 y 34 años viven de forma independiente sin necesitar apoyo económico de su familia, frente al 41% de 2016. Es el mayor retroceso entre los países del entorno europeo.
El problema no es nuevo en España, donde históricamente los hijos han tardado más que en el resto de Europa en abandonar el hogar familiar. Lo llamativo es que ese deterioro avanza en dirección contraria a la de casi todos los demás indicadores juveniles. La tasa de paro entre los menores de 30 años, que llegó a rozar el 40% en 2013, ronda hoy el 16%. La temporalidad ha pasado del 56% en 2018 al 32% en el primer semestre de 2026, y el contrato indefinido se ha consolidado como puerta de entrada al mercado laboral. Los jóvenes de 25 a 29 años son, además, el colectivo que más ha recuperado capacidad adquisitiva desde 2018. Pero todo parece haber sido en vano. Dada la mejora de los indicadores laborales, la tesis sindical es que el retroceso en la emancipación se explica en todo o en casi todo por las dificultades de acceso a la vivienda. CC OO calcula que el alquiler representa el 96% del salario de una persona joven, en términos promedios. Además, hacen falta alrededor de 70.000 euros de ahorro para comprar un piso en una gran ciudad.
Pero la vivienda no puede ser la única explicación. Alemania arrastra también un déficit habitacional de cientos de miles de viviendas y, aun así, ha logrado reducir en diez puntos la proporción de jóvenes que dependen económicamente de su familia. Y dentro de España, Castilla-La Mancha registra la menor tasa de jóvenes emancipados pese a ser una de las comunidades con las casas más baratas.
El problema de la dependencia económica de los jóvenes, por tanto, debe analizarse desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta tanto el coste de la vivienda como la capacidad de los salarios para asumirlo. Y sin olvidarse de la efectividad de las políticas públicas. De otra manera, las Administraciones estarían delegando en las familias responsabilidades que, en buena medida, les corresponden como garantes de un Estado de bienestar que no sea una mera quimera para millones de jóvenes.