Menos burocracia y nuevas reglas fiscales: la gran reforma tributaria de Bruselas
La Comisión suprime retenciones en pagos transfronterizos y consolida la normativa de intercambio de información
La Comisión Europea ha dado un nuevo paso en su estrategia para modernizar el sistema tributario de la UE con la presentación de un ambicioso paquete de simplificación fiscal. La iniciativa, adoptada el pasado 24 de junio, persigue actualizar el marco normativo de la imposición directa, reducir la complejidad administrativa ...
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
La Comisión Europea ha dado un nuevo paso en su estrategia para modernizar el sistema tributario de la UE con la presentación de un ambicioso paquete de simplificación fiscal. La iniciativa, adoptada el pasado 24 de junio, persigue actualizar el marco normativo de la imposición directa, reducir la complejidad administrativa a la que se enfrentan las empresas y mejorar el funcionamiento del mercado interior sin rebajar los estándares de lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales.
El paquete legislativo se articula en torno a dos propuestas: el denominado Ómnibus de fiscalidad directa y la refundición de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC). Ambas deberán seguir ahora el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en normas aplicables, ya que han sido remitidas al Parlamento Europeo para consulta y al Consejo para su aprobación.
La Comisión ha recogido el malestar de los Estados miembros y las empresas en relación con la acumulación de normas aprobadas durante los últimos años. Muchas de ellas están concebidas para reforzar la transparencia fiscal y combatir prácticas abusivas, lo que ha incrementado notablemente la complejidad del cumplimiento tributario para las empresas que operan en varios Estados miembros.
Uno de los pilares del paquete es el Ómnibus de fiscalidad directa, que incorpora diversas modificaciones destinadas a facilitar la inversión y la actividad empresarial dentro de la Unión Europea. Entre las medidas más destacadas figura la eliminación de las retenciones en origen aplicables a determinados pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones entre empresas establecidas en distintos Estados miembros. Con ello se pretende eliminar uno de los obstáculos fiscales que todavía dificultan la libre circulación de capitales y la integración del mercado interior.
La propuesta también amplía el ámbito de aplicación de la Directiva sobre matrices y filiales para incluir a determinadas instituciones de pensiones, que podrán beneficiarse de las exenciones previstas para los dividendos recibidos desde otros Estados miembros.
Otro de los cambios relevantes afecta al tratamiento fiscal de las inversiones relacionadas con I+D. La Comisión propone establecer un estándar mínimo común que permita la deducción inmediata de determinadas inversiones en activos materiales vinculados a actividades de I+D. El objetivo es reforzar el atractivo de la UE como destino para proyectos innovadores y favorecer un entorno más competitivo para las empresas que desarrollan actividades de investigación.
El Ómnibus también aborda la coexistencia entre las normas sobre sociedades extranjeras controladas (CFC) y el impuesto mínimo global del denominado Pilar Dos. La propuesta persigue eliminar duplicidades entre ambos regímenes mediante un modelo armonizado que facilite una aplicación más uniforme en todos los Estados miembros y reduzca la complejidad derivada del solapamiento normativo.
Asimismo, la Comisión plantea una revisión de las normas sobre limitación de la deducibilidad de los gastos financieros contenidas en la Directiva contra la elusión fiscal (ATAD). La propuesta elimina determinadas opciones de aplicación previstas actualmente, modifica algunos umbrales y excluye del ámbito de las limitaciones determinados préstamos de bajo riesgo concedidos por terceros y operaciones de financiación realizadas en condiciones de mercado.
La iniciativa incorpora igualmente modificaciones destinadas a mejorar los mecanismos de resolución de controversias fiscales entre Estados miembros. La experiencia acumulada durante los últimos años ha puesto de manifiesto que numerosos conflictos tributarios transfronterizos se prolongan durante largos periodos, lo que genera incertidumbre para las empresas. La Comisión pretende agilizar estos procedimientos y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los operadores económicos.
En paralelo, se propone ampliar el ámbito de la Directiva sobre fusiones para abarcar todas las modalidades de reorganización empresarial reconocidas por el Derecho societario europeo. De esta forma, operaciones como fusiones, escisiones o aportaciones de activos podrán beneficiarse de un tratamiento fiscal neutral con independencia de la modalidad jurídica utilizada.
La segunda gran iniciativa del paquete consiste en la refundición de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC). Desde su aprobación inicial, esta norma ha sido modificada en nueve ocasiones para incorporar nuevas obligaciones de intercambio de información entre administraciones tributarias. La Comisión considera que la sucesión de reformas ha dado lugar a un marco excesivamente fragmentado y propone ahora reunir toda la normativa en un único texto consolidado.
Además de mejorar la claridad normativa, la refundición introduce diversas simplificaciones en las obligaciones de información que afectan tanto a empresas como a plataformas digitales. Entre otras medidas, elimina determinados requisitos de comunicación que la Comisión considera de escasa utilidad práctica para las administraciones tributarias y crea procedimientos únicos para determinadas obligaciones de notificación internacional, evitando así la duplicación de trámites.
La propuesta también incorpora una nueva herramienta destinada a mejorar la identificación de los contribuyentes por parte de las administraciones fiscales y amplía el intercambio obligatorio de información entre Estados miembros a todas las categorías de rentas y patrimonio, con el objetivo de facilitar la correcta aplicación de la normativa tributaria nacional.
Sin duda, todo ejercicio que suponga simplificar un marco regulatorio que se ha vuelto especialmente complejo tras la aprobación sucesiva de numerosas normas europeas durante la última década es muy positivo. Estas iniciativas suponen la eliminación de duplicidades normativas, una mayor seguridad jurídica para las empresas que desarrollan actividades internacionales, la simplificación de las operaciones transfronterizas, el impulso a la inversión en innovación y una mayor coherencia entre las distintas normas fiscales europeas. Asimismo, la consolidación de las DAC en un único texto facilitará tanto su aplicación por las empresas como su interpretación por parte de las administraciones tributarias.
Quizá la verdadera cuestión sea preguntarse por qué ha sido necesario aprobar tantas iniciativas fiscales en los últimos años para tener ahora que simplificarlas. Habría sido preferible regular mejor en lugar de regular más. Además, las previsiones de la Comisión sobre el impacto positivo para las pequeñas y medianas empresas parecen excesivamente optimistas, ya que muchas de estas medidas beneficiarán principalmente a los grandes grupos multinacionales con presencia en varios Estados miembros. El alcance definitivo de esta reforma dependerá del resultado de las negociaciones en el Consejo y del texto que finalmente sea aprobado por los Estados miembros.