‘Destruflación’ y riesgo Milei
El ultraderechista acumula un 293,7% de inflación en sus primeros 28 meses como presidente argentino
El 3,4% de aumento mensual del IPC nacional en marzo –décimo mes al alza–, que anualizado sería del 49,35%, implica que, en sus primeros 28 meses de presidente, el ultraderechista Javier Milei acumula un 293,7% de inflación, a pesar de la ruina económica general durante su gestión ultraliberal, que ha hundido el consumo en supermercados un 19,2% y ...
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El 3,4% de aumento mensual del IPC nacional en marzo –décimo mes al alza–, que anualizado sería del 49,35%, implica que, en sus primeros 28 meses de presidente, el ultraderechista Javier Milei acumula un 293,7% de inflación, a pesar de la ruina económica general durante su gestión ultraliberal, que ha hundido el consumo en supermercados un 19,2% y el de bienes durables, un 28% (el consumo total, un 16,1%), todo ello combinado con una caída del 11,2% del producto industrial, del 26,4% de la inversión en construcción y del 75% en la inversión pública (todo en relación con el promedio de los últimos once meses del Gobierno anterior). Mientras, la deuda pública total ha crecido un 30% hasta alcanzar un nivel récord. La motosierra ultraliberal es un tsunami de destruflación (destrucción e inflación) y deuda.
Estos datos se relacionan con el aumento del 31,6% de la desocupación (la tasa trepó al 7,5%) y con una pérdida del 20% del poder adquisitivo salarial, que es del 38% para quienes cobran el salario mínimo de 200 euros, y del 30% para los trabajadores informales, que representan el 43% de los ocupados. El 81% de las familias argentinas ingresa menos de 805 euros, que es el valor de la CBT (Canasta Básica Total, sin incluir alquiler) para hogares de cuatro personas, cuando el alquiler en un distrito de trabajadores del Gran Buenos Aires ronda los 400 euros. El 91% de las familias está endeudada (un 60% para pagar alimentos y servicios), y la morosidad se ha cuadruplicado en un año.
La pavorosa situación socioeconómica está disfrazada por algunos datos macro y por la engañosa exactitud de las estadísticas de inflación y pobreza. Aunque sube la actividad económica del sector primario exportador (agro, minería y petróleo), que solo aporta el 2,5% del empleo registrado, cae la de los sectores que en conjunto generan el 73% del empleo: comercio y servicios, sector público, y manufacturas, que tiene el 46% de su capacidad ociosa (en metalmecánica llega al 62,7%). El resto son autónomos que encubren precariedad. Esta recesión en los sectores más empleadores se reflejó en el cierre de 23.000 empresas y la pérdida de 300.000 empleos formales durante el actual gobierno.
La inflación real es mayor que la oficial, sobre todo para la población de bajos ingresos, pues el dólar está subvaluado, subsidiando las importaciones para contener los precios, y el IPC del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) está subestimado, ya que las ponderaciones son de 2004 e infravaloran el peso de los gastos familiares que más han subido de precio (alimentos, vivienda y tarifas de servicios básicos, comunicaciones, transporte, educación y salud).
Además, la inflación acumulada atribuible al Gobierno Milei es muy superior al 293,7% si se aplica la teoría de las expectativas racionales, que el presidente utiliza para justificar el rebote del IPC argumentando que se debe a factores políticos, y ante encuestas electorales adversas, concretamente al “riesgo K”, o sea, de triunfo kirchnerista. Aplicando ese enfoque, a Milei debería imputársele el aumento de los precios desde que ganó las primarias en agosto de 2023, cuando provocó que el IPC mensual se duplicara –al 12,4% desde el 6,3% de julio–, debido a la expectativa más que razonable de que sería presidente y generaría un shock inflacionario mediante la devaluación anunciada.
En los 32 meses transcurridos desde su triunfo en las primarias hasta marzo, la inflación Milei acumulada es de un 509% (119 puntos más que en el Gobierno de Fernández en los 32 meses anteriores a las primarias), y la pérdida de poder adquisitivo de la masa salarial sería del 40%, y del salario mínimo, del 48,6%.
También la pobreza por ingresos, del 28,2% según el Indec, es una ficción estadística, por dos razones: que la CBT usada para establecer el umbral para considerar pobre no tiene en cuenta el alquiler. Aunque con 806 euros una familia no es pobre estadísticamente, si la Canasta lo incluyera, quienes deben alquilar vivienda serían considerados pobres, o incluso indigentes (ingresos menores a 440 euros). La segunda razón es que la CBT también se calcula con ponderaciones desfasadas que no reflejan la estructura de consumo familiar actual y que subestiman el peso de los gastos que precisamente más subieron, que a la vez son los más infravalorados en el cálculo del IPC. Con ponderaciones actualizadas de CBT e IPC, la pobreza estaría en torno al 45%-50%.
La estadística de pobreza mejora además porque han aumentado los ingresos familiares por remesas de parientes desde el exterior y porque el Gobierno subió más que el IPC la Asignación Universal por Hijo, antes denostada por Milei por ser creación kirchnerista y ahora utilizada para maquillar el ingreso directo, mientras quita ingresos indirectos, anulando derechos laborales, encareciendo las prepagas sanitarias y empeorando el sistema público de sanidad, educación y dependencia, y las ayudas no monetarias.
Estos datos, junto a la corrupción, la compra de voluntades de parlamentarios para aprobar leyes de dudosa constitucionalidad, o la represión a manifestantes, incluidos jubilados, explican que, según las últimas encuestas, más del 60% no votaría a Milei para presidente en unas nuevas elecciones nacionales, y que Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, le ganaría en primera y segunda vuelta, repitiendo su triunfo en las legislativas provinciales bonaerenses de septiembre pasado, a pesar de que Trump chantajeó a la población amenazando con llevar el país al default si el presidente no ganaba, extorsión que sí funcionó a nivel nacional.
El problema para Milei hoy es que los potenciales inversores vean riesgo Milei porque la legislación de inversiones (RIGI) y de actividades extractivas u otras aprobadas de forma irregular puedan ser declaradas inconstitucionales, y que, como los bonaerenses, apuesten por un triunfo opositor en 2027 con una presidencia de Kicillof, economista filokeynesiano que defiende políticas públicas con fuerte inversión social, en infraestructuras imprescindibles y planes de recuperación industrial y del mercado interior a partir de medidas redistributivas, que reconstruyan un país que a principios de los años setenta tenía una industria diversificada con tasa de pobreza de un dígito, y que fue quebrado por la dictadura genocida de 1976-1983, y que los gobiernos de la democracia no han podido o querido revertir.
El riesgo Milei, para la población argentina, es que añada más políticas regresivas, que consiga aplicar la reforma laboral neoesclavista, que con la derogación de la ley de protección de glaciares y del ambiente periglacial para favorecer la megaminería y los centros de datos se contaminen estas reservas naturales y empeore el acceso al agua potable, y que continúe este Gobierno autoritario que va de la mano de Trump, Palantir y Netanyahu, a cambio de petróleo y minerales, agua y tierras para colonizar la Patagonia.