Un plan con incertidumbres
Una duda es si hacer rebajas generales de impuestos supone una respuesta lo suficientemente progresiva
El Gobierno aprobó el viernes un paquete de respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo cuyo impacto se calcula en 5.000 millones de euros. El grueso de las medidas son las rebajas impositivas en el ámbito energético. Se reducirá el IVA a los carburantes, que pasará del 21% al 10%, como sucederá con la luz y el gas. Pero además se suspende temporalmente el impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica, que pagan las compañías aunque luego repercute en la factura, y se reduce el impuesto especial sobre electricidad, que pagan los consumidores. Estas medidas generales se completan con otras que se focalizan en colectivos vulnerables o en sectores concretos, como la industria electrointensiva o transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.
Son, en conjunto, iniciativas que buscan contener que, por la vía de la inflación, la guerra acabe impactando sobre el conjunto de la economía, como sucedió tras la invasión de Ucrania. En ese sentido, la iniciativa del Gobierno debe ser bienvenida, aunque ello no es óbice para que deba someterse al escrutinio público, y a la crítica si sus efectos no son los deseados.
Una duda, de entrada, es si rebajas generales de impuestos, que el propio Ejecutivo criticó cuando el PP propuso algo parecido, suponen una respuesta lo suficientemente progresiva. También genera dudas la capacidad para vigilar que las empresas no aprovechen parte de las ventajas fiscales generales para ampliar sus márgenes (“eventuales abusos”, en el lenguaje que empleó La Moncloa al resumir las medidas). La promesa del Ejecutivo de reforzar las capacidades de supervisión y sanción de la CNMC se antoja demasiado genérica. No obstante, la peor consecuencia hasta el momento del paquete de medidas anticrisis es la imagen de desunión que ha dejado el Gobierno.
Las diferencias entre PSOE y Sumar, que provocaron un retraso en el inicio del Consejo de Ministros, se han solventado recogiendo algunas exigencias del socio minoritario en un segundo decreto. Este incluye una prórroga de alquileres, que la formación de Yolanda Díaz lleva tiempo reclamando por tierra, mar y aire acogiéndose a cualquier excusa (la guerra de Irán es la última) y cuya constitucionalidad llegó a poner en duda el PSOE. Al margen del debate jurídico, la medida parece destinada al fracaso cuando llegue al Congreso, para lo que tiene un mes de margen. El objetivo irrenunciable de todo paquete anticrisis es aportar certidumbres a un escenario internacional tan imprevisible. Y medidas salpicadas de dudas jurídicas sin una proyección clara hacia el futuro contribuyen más bien a generar incertidumbre.