El reto de la pobreza energética
Se ha de limitar y aclarar el concepto de vulnerabilidad para que las necesarias ayudas lleguen a todos los que realmente las requieren
El Ministerio para la Transición Ecológica encara la recta final de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, una vez concluido el periodo de audiencia pública y tras recibir las alegaciones pertinentes. El objetivo es arrancar el próximo año con el documento aprobado y continuar con el camino que sembró la estrategia precedente, en vigor entre 2019 y 2024, y que supuso el primer documento de este tipo jamás elaborado en nuestro país.
No lo tuvo fácil esa primera estrategia. Durante su desarrollo se encontró con dos grandes eventos globales, como fueron la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Por un lado, la covid tensionó todos los mecanismos posibles de igualdad social para atender a los hogares más necesitados en un momento de confinamiento, empleos suspendidos y actividad pausada. El conflicto bélico a las puertas de Europa, por su parte, exigió la toma de medidas urgentes que compensaran unos precios de la luz fuera de control. Ante este reto, el Mecanismo Ibérico y las rebajas fiscales protegieron los hogares con menos recursos con descuentos en el bono social que llegaron al 80% de la factura.
Sin embargo, la pobreza energética no ha remitido en España durante estos años, según admite el balance de la primera estrategia. Las decisiones adoptadas lograron que el problema no empeorase en un contexto tan adverso, pero tampoco se mejoraron los indicadores en líneas generales.
Según los expertos, el problema reside en la propia calificación de vulnerable, un concepto que necesita de revisión constante cuando se trata de socorrer a las familias con menos recursos. Prueba de ello es el millón de hogares que se quedan fuera de los indicadores que se utilizan para determinar dicha pobreza, lo que supone un 30% del total. Ahora mismo siguen sin tenerse en cuenta aspectos como la zona de residencia, un factor que puede provocar temperaturas extremas en invierno o verano, o incluso el nivel de renta per cápita de una familia. Por ahora, solo el gasto energético marca los umbrales mínimos.
La condición de vulnerable es la clave porque es la que permite a los consumidores solicitar las ayudas del bono social de la tarifa eléctrica, un complejo sistema de ayudas en la factura de la luz, que puede suponer descuentos de entre el 25% y el 100%, en el caso de los vulnerables extremos. Que exista una estrategia que aborde la pobreza energética es ya un avance indudable. El reto que no puede esperar más es que se delimite y aclare el concepto de vulnerabilidad para que las necesarias ayudas lleguen a todos los que realmente las requieren.