Crisis de Muface: Gobierno y mutuas, condenados a entenderse
Hay que reflexionar sobre modelos de colaboración público-privada creados hace décadas y comprometidos ahora en lo financiero
La decisión de Adeslas, Asisa y DKV de no presentarse al nuevo convenio de Muface deja en el aire la atención sanitaria de 1,49 millones de funcionarios y sus familias, al tiempo que amenaza con desencadenar un conflicto económico y político de considerables proporciones. No parece una solución viable que todos los beneficiarios de la mutualidad acaben en una saturada sanidad pública, como tampoco lo es pedir a las empresas que proporcionen el servicio a pérdidas. Nunca antes el concierto había quedado desierto, y el reloj juega en contra de los diferentes actores. En dos meses, de hecho, el nuevo convenio debería de entrar en funcionamiento, y al Gobierno no le queda otra que preparar una convocatoria exprés, mejora económica incluida, para salvar los muebles. El sector asegurador insiste en que la atención a Muface lleva muchos años en situación deficitaria, lo que ha provocado ya la salida de otras compañías como Mapfre o Sanitas.
Con este caldo de cultivo, acierta el Gobierno en templar gaitas y buscar un acercamiento al sector. Por mucho que, en virtud de la ley de contratación pública, la Administración pueda prolongar la vigencia del contrato durante algunos meses, la incertidumbre no es buen compañero de viaje para nadie cuando lo que está en juego es algo tan sensible como la atención médica. El mensaje trasladado ayer a los sindicatos por parte de la secretaría de Estado de Función Pública, en línea con presentar un concierto “más atractivo” en esta convocatoria, implica el reconocimiento de un error o una falta de cálculo –en tanto podía haberse hecho antes y evitado el conflicto–, pero también el afán de enmendarlo. Falta por ver, eso sí, cómo las musas se convierten en teatro.
No es casualidad que la crisis de Muface coincida con la creciente conflictividad en torno a otras mutualidades de previsión social de otros colectivos profesionales, como abogados o arquitectos. Estos grupos, que han ahorrado para la jubilación a través de estas aseguradoras, ven ahora cómo las pensiones privadas que cobrarán son más bien escasas. Un escenario que apuntala la necesidad de reflexionar sobre modelos de colaboración público-privada creados hace décadas y comprometidos ahora financieramente a causa de circunstancias sobrevenidas como, por ejemplo, el natural envejecimiento de la población. A corto plazo, no parece mala idea poner en una balanza el coste extra de atraer a las mutuas a la causa y el de articular mucho más onerosas pasarelas rumbo a la Seguridad Social. La conclusión es bien sencilla.