Una solución permanente para un problema estructural
Los ciudadanos de las localidades más endeudadas no tienen por qué sufrir durante tanto tiempo la irresponsabilidad de sus gobernantes
El Ministerio de Hacienda prevé aprobar antes de final de año el enésimo fondo extraordinario de liquidez para aliviar a medio centenar de Ayuntamientos que llevan 15 años en bancarrota. Jaén, Parla y Jerez de la Frontera son el paradigma de estos municipios con las cuentas públicas en números rojos desde el pinchazo inmobiliario. Arrastran una deuda inasumible que les impide prestar con normalidad los servicios públicos y les aboca a acumular año tras año facturas impagadas.
La ciudad jiennense, sin ir más lejos, tarda de media casi dos años en pagar sus facturas, según los datos recopilados por la Autoridad Fiscal.
Es cierto que buena parte de la situación que arrastran estos Ayuntamientos procede de la mala gestión en los tiempos de la burbuja. Los alcaldes hipotecaron sus ciudadanos con proyectos urbanísticos o infraestructuras fallidas. El tranvía de Jaén lleva más de una década sin estrenar, convertido en un monumento a los excesos de aquellos años, cuando algunos alcaldes creyeron que los ingresos del ladrillo eran eternos.
Desde entonces, los diferentes Gobiernos han lanzado distintos salvavidas a estos Ayuntamientos en forma de líneas de financiación con plazos e intereses más favorables. Aun así, la situación sigue siendo inasumible.
El ruido político apremia al Ejecutivo a que aborde la reforma de la financiación autonómica. Harían bien los responsables gubernamentales en no descuidar la reforma de la financiación de los Ayuntamientos. Algunos académicos también achacan a una insuficiente financiación los problemas de sostenibilidad de estos Consistorios. Sería conveniente que se profundizara en los trabajos para esclarecer si realmente es así. En ese caso, también debería abordarse esta cuestión para poner fin al caos presupuestario.
Los Ayuntamientos son, en general, las administraciones más saneadas de España. Han registrado sucesivos superávits desde 2012, que han ayudado a acercar las metas que Bruselas imponía. Sin embargo, hay un grupo de municipios que mantiene desequilibrios desde 2009. Para estas entidades locales, el Gobierno debería articular una solución permanente para un problema que ya se ha convertido en estructural. Los ciudadanos de estas localidades no tienen por qué sufrir durante tanto tiempo la irresponsabilidad de sus gobernantes con unos servicios públicos más deficientes que los de otras ciudades de igual tamaño.
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