Un ejercicio de pragmatismo con las pensiones
La aportación del Estado contradice el modelo contributivo del sistema, pero supone un ejercicio de realismo que, de momento, parece irrenunciable
Pese a las reformas llevadas a cabo en los últimos años –la última de ellas articulada en dos tiempos–, el futuro del sistema de pensiones en España sigue alimentando un debate que no es solo político, sino también técnico y académico, y que no cuestiona solo la sostenibilidad del modelo, sino también su fórmula de financiación. A rasgos generales, la caja de las pensiones se basa en un sistema de reparto y caja única, en el que los ingresos proceden de dos fuentes: la principal son las cotizaciones sociales, alimentadas por las aportaciones de los empresarios y de los trabajadores, que financian fundamentalmente las prestaciones contributivas, y la secundaria, las aportaciones directas del Estado, nutridas por los impuestos de los ciudadanos vía Presupuestos del Estado, que costean mayoritariamente prestaciones no contributivas, universales y gastos impropios.
El modelo español parte del principio de que las cotizaciones sociales, sin aportación del Estado, deberían ser suficientes para financiar las pensiones contributivas y sus gastos de gestión y administración. Pero la realidad se impone siempre y la crisis de 2008 demostró que el sistema necesita alimentarse de otros recursos, especialmente en un contexto demográfico de envejecimiento de la población, natalidad residual y prolongación de la esperanza de vida.
Los datos apuntan a que uno de cada cuatro euros del gasto en pensiones se costea ya con impuestos y deuda pública, lo que evidencia que, pese a las reformas, la financiación de la caja de las pensiones está lejos de ser autónoma y necesita nutrirse por vía fiscal. Los Presupuestos del Estado de este año afrontan un desembolso en pensiones de 200.000 millones, de los cuales 150.000 se financian con las cotizaciones y el resto, se hace mediante tributos del Estado y deuda pública. Aunque hay voces que cuestionan la ortodoxia del modelo, lo cierto es que financiar las prestaciones con impuestos no rompe el sistema de caja única, ni supone una excepción en el contexto de los sistemas de previsión social europeos, como demuestran los ejemplos de Francia o de Suecia.
Las modificaciones que ha experimentado el sistema de pensiones, impulsadas a la sombra del Pacto de Toledo, se han revelado insuficientes para atender los retos sociales y económicos de la España de hoy. Desde la última reforma, la aportación del Estado suma unos 50.000 millones, lo que contradice, sin duda, el perfil contributivo del sistema, pero supone un ejercicio de pragmatismo que, al menos, de momento, parece irrenunciable.
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