Uno de cada cinco delitos en España ya está vinculado al entorno digital
La Fiscalía advierte de la mayor dificultad para identificar suplantaciones de identidad y fraudes por Internet por el auge de la IA
La delincuencia ya no actúa únicamente en las calles. También se ha trasladado a las pantallas, donde opera a través de correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones de mensajería, comercios digitales y plataformas de pago. Los delitos cometidos mediante redes y sistemas informáticos representaron casi el 20% de todas las infracciones penales registradas en España. En otras palabras, prácticamente uno de cada cinco delitos estuvo vinculado al entorno digital, con un crecimiento del 5,3% respecto a 2024.
La cifra, recogida en la Memoria del Ministerio Fiscal 2026, confirma el crecimiento sostenido de una criminalidad que avanza al mismo ritmo que la transformación tecnológica. En este escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los elementos que más preocupa al Ministerio Fiscal, que la define como un auténtico “multiplicador del riesgo cibernético”.
La Fiscalía advierte de que reconocer un fraude será cada vez más difícil. La inteligencia artificial permite crear campañas de phishing mucho más personalizadas y creíbles, con mensajes que imitan el lenguaje de bancos, empresas, administraciones o personas conocidas.
Los datos judiciales también reflejan la magnitud del fenómeno. Durante 2025 se iniciaron en el conjunto del territorio español 33.851 procedimientos judiciales relacionados con la ciberdelincuencia. A ellos se sumaron 499 diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. En total, se contabilizaron 34.350 expedientes por hechos ilícitos encuadrables en el concepto de ciberdelincuencia. La cifra representa un incremento del 24,69% respecto de los datos registrados en 2024.
Como en ejercicios anteriores, las estafas y las defraudaciones fueron las tipologías delictivas que provocaron un mayor número de actuaciones judiciales. En 2025 se abrieron 28.952 causas penales por hechos ilícitos contemplados en los artículos 248 y siguientes del Código Penal.
Estos procedimientos representaron el 85,53% del total de las causas judiciales por ciberdelitos. La proporción demuestra que el fraude económico continúa siendo la principal manifestación de la criminalidad digital, muy por encima del resto de las conductas investigada
‘Deepfakes’ en auge
Pero el riesgo va más allá de los mensajes fraudulentos. Estas herramientas también permiten falsificar documentos, crear identidades sintéticas y manipular fotografías, voces y vídeos mediante deepfakes. Según la memoria, frenar las estafas digitales es todo un desafío para la protección de la ciudadanía, las empresas y las instituciones públicas, “exigiendo una permanente adaptación de los mecanismos de prevención, investigación y persecución penal”.
Esta realidad, subrayó la fiscal general del estado, Teresa Peramato Martín, adquiere una gravedad aún mayor cuando las víctimas son personas menores de edad. “Especialmente vulnerables ante la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas mediante espacios digitales de conectividad permanente y a través del consumo de contenidos en línea carente de una adecuada supervisión”, dijo en su intervención.
La Fiscalía también pone el dedo en algo evidente: cada vez más personas son usuarios de Internet, lo que tiene una relación directa con la ciberdelincuencia. Según el último informe publicado el pasado año por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, el número de personas que utilizan internet es de casi 6.000 millones –aproximadamente tres cuartas partes de la población mundial–. En nuestro país, el INE cifra en un 92,5% el porcentaje de ciudadanos de entre 16 y 75 años.