Registradores y Abogacía respaldan conjuntamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública
Desde Abogacía aplauden la agilidad que otorgará la reforma
El Consejo General de la Abogacía defiende la polémica reforma que se plantea con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. La novedad más cuestionada es la posibilidad de registrar las transmisiones de transmisiones patrimoniales sin necesidad de escritura pública ante notario. Colegio de Registradores y Abogacía han organizado este miércoles un debate sobre el anteproyecto, aprobado el pasado 17 de febrero, en relación con la transparencia y la lucha contra el blanqueo de capitales. Una reforma que critican notarios y el Colegio de la Abogacía de Madrid, que ha emitido un comunicado este mismo miércoles alertando sobre la relajación de controles.
El encuentro, en formato de mesa redonda, ha contado con la participación de representantes expertos de ambas instituciones y del ámbito jurídico-mercantil.
El registrador mercantil Luis Fernández del Pozo ha manifestado que “el sistema actual no funciona” y, por eso, la reforma es necesaria. En relación con las modificaciones que introduce el anteproyecto se ha referido a las deficiencias actuales del sistema con relación al libro de socios. En la actualidad, ha dicho, existe una gran opacidad ya que “solo se legalizan en el Registro Mercantil el siete por ciento” de estos. Esta reforma, ha dicho, permitirá la publicidad en el Registro Mercantil de los legítimos propietarios.
Jesús Pellón, consejero y presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, ha señalado que “colaborar en todo lo que sea agilidad, eficacia y, sobre todo, garantía y seguridad jurídica” es una de las cosas que se reclama desde la Abogacía. Pellón quiso subrayar la importancia del papel de la Abogacía en el asesoramiento de las transmisiones conforme al nuevo sistema que se impone en el anteproyecto. En declaraciones a CincoDías, el consejero ha restado importancia a la rebaja de controles: “la valoración decisiva es la que hacen los registradores; la agilidad y economía de la simplificación es más relevante”.
“En materia de prevención del blanqueo de capitales tenemos una legislación de terminología tan imprecisa, ambigua, extensa y a veces contradictoria, que genera una inseguridad jurídica enorme. Por eso, medidas como la inscripción de las participaciones en el Registro Mercantil no solo generan seguridad, sino certeza jurídica, que va mucho más allá de la seguridad” añadió Pellón.
Rafael Perea Ortega, abogado socio del área Mercantil de Andersen, ha contextualizado la reforma desde los ejes de Europa y la lucha contra el blanqueo de capitales y ha insistido en la importancia de hablar para que a través de la nueva norma sea posible la identificación de todos los titulares de la entidad.
Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, ha manifestado que hay una “coincidencia general” en la necesidad de una reforma. Quijano ha planteado tres aspectos para reflexionar: en primer lugar, el libro registro de socios actualmente se lleva mal por lo que la inscripción en el Registro Mercantil es un buen paso; además el acceso al Registro Mercantil de documentos privados no debería ser excluyente. Por último, ha sugerido que la reforma también debería extenderse y dar pasos equivalentes en las sociedades anónimas no cotizadas.