ICAM y Notariado firman un convenio para impulsar seguridad jurídica, digitalización y atención a ciudadanos y empresas
El objetivo de esta alianza es impulsar formación, buenas prácticas, acceso a la justicia, protección de colectivos vulnerables y sinergias tecnológicas
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Consejo General del Notariado (CGN) han firmado este miércoles un convenio marco de colaboración institucional con el que buscan reforzar la cooperación y poner en marcha iniciativas orientadas a mejorar la seguridad jurídica, modernizar servicios y fortalecer la atención a ciudadanos y empresas.
El acuerdo fue suscrito en Madrid por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y establece un marco estable con un papel central en el funcionamiento del sistema jurídico y en la confianza en las relaciones civiles y mercantiles.
Según explican ambas entidades, entre los ejes de trabajo previstos figuran la seguridad jurídica preventiva, la mejora del servicio al ciudadano, la calidad de la prestación profesional, la difusión de derechos, la atención a colectivos vulnerables y el impulso de herramientas tecnológicas aplicadas al tráfico jurídico.
“Este convenio nace con una ambición muy clara: convertir la relación entre la Abogacía y el Notariado en una palanca de mejora real del servicio jurídico que reciben ciudadanos y empresas”, señala Eugenio Ribón. “Hablamos de reforzar la seguridad jurídica, de impulsar la formación y la modernización de nuestros profesionales, de detectar espacios de colaboración útil y de facilitar una interlocución más fluida entre dos instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando Abogacía y Notariado cooperan desde el respeto a sus respectivas funciones, gana la justicia y gana la sociedad”, añade.
Por su parte, Concepción Pilar Barrio Del Olmo pone en valor el acuerdo en el contexto actual de transformación digital. “La cooperación entre Notariado y Abogacía es especialmente valiosa en un momento en el que el sistema jurídico necesita combinar garantías, cercanía y capacidad de adaptación tecnológica”, apunta. “Este convenio marco abre una vía útil para desarrollar proyectos comunes en ámbitos como la seguridad jurídica preventiva, la calidad del servicio, la atención a colectivos vulnerables o el intercambio de conocimiento técnico, siempre desde el respeto a la función propia e independiente de cada profesión”, subraya.
El convenio contempla la organización conjunta de actividades formativas y divulgativas, la elaboración de estudios e informes y el desarrollo de documentos de buenas prácticas. También abre la puerta a explorar sinergias tecnológicas mediante plataformas y aplicaciones orientadas a facilitar información registral de interés para ciudadanos, empresas y justiciables, además de posibles adendas para proyectos específicos.
El texto incorpora, además, un componente que el ICAM considera especialmente relevante: la voluntad de cooperar en iniciativas que contribuyan a salvaguardar el correcto ejercicio profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares, con especial atención a la intervención libre e independiente del abogado como garantía del derecho de defensa.
Ambas instituciones se abren a promover recomendaciones, guías e instrumentos de apoyo para la mejora continua de las prácticas profesionales en los puntos de contacto entre la actuación notarial y la actuación letrada. El objetivo, remarcan, pasa por reforzar la seguridad y claridad en las relaciones jurídico‑privadas, un terreno donde la cooperación entre notarios y abogados puede resultar especialmente visible en operaciones societarias, herencias, poderes, contratos, mediación o resolución extrajudicial de conflictos.