El reglamento concursal encara el tramo decisivo con los economistas en guardia
Prevén que el texto, actualmente en revisión por los ministerios de Justicia y Economía, sea aprobado antes del verano
El reglamento de la administración concursal, una pieza largamente aplazada en la arquitectura del sistema concursal español, encara por fin su desenlace tras más de una década de espera. Su aprobación, reclamada de forma insistente por los profesionales del sector, es considerada de “vital” importancia por Bárbara Pitarque, presidenta del Registro de Economistas Forenses (REFOR), órgano técnico del Consejo General de Economistas, quien se pronunció en estos términos durante un desayuno de prensa celebrado ayer en la sede de la institución.
El texto, que de forma poco habitual ha pasado dos veces por el trámite de consulta pública, se encuentra ahora en manos de los ministerios de Justicia y Economía, que revisan las alegaciones presentadas por los distintos colectivos profesionales. La previsión es que el estatuto vea la luz antes del verano.
En ese proceso, los economistas ya formularon observaciones al borrador de 2023, parte de las cuales han sido incorporadas a la versión de 2026. Otras han sido reformuladas con la vista puesta en la adaptación de la ley concursal a la nueva directiva europea de insolvencia, que entrará en vigor el martes y que los Estados miembros deberán transponer antes del 22 de enero de 2029.
El proyecto de reglamento pivota, en su estado actual, sobre tres ejes fundamentales: el acceso a la profesión, el régimen de honorarios y la cuenta de garantía arancelaria. En el primero de ellos se concentra buena parte del debate. Los economistas reclaman que se preserve el modelo tradicional y que puedan seguir ejerciendo como administradores concursales los abogados, economistas, titulados mercantiles y auditores, perfiles que históricamente han asumido estas funciones.
Frente a esta posición, una de las novedades más significativas del texto es la apertura de la profesión a otros titulados universitarios, siempre que acrediten experiencia en los ámbitos jurídico y económico o en la gestión y administración de empresas. Para ello, deberán superar un examen de aptitud evaluado por una comisión. “No estamos de acuerdo con el planteamiento de dejar el acceso abierto para todo tipo de grados universitarios dado que consideramos que la administración concursal es una actividad especializada de contenido económico, empresarial y jurídico”, subrayó la presidenta del REFOR durante el encuentro, en el que estuvo acompañada por el secretario técnico del organismo, Alberto Velasco.
Aunque el examen no suscita un rechazo frontal, sí genera reservas en cuanto a su diseño. Los economistas reclaman una mayor presencia en la comisión evaluadora. El proyecto prevé que esté integrada, entre otros, por un catedrático de derecho mercantil y otro de procesal, mientras que el colectivo propone incorporar también a un catedrático de economía. Asimismo, cuestionan el sistema de designación de algunos de sus miembros. Aunque el texto contempla la participación de un economista propuesto por su consejo general y de un auditor a propuesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, defienden que este nombramiento se articule de forma consensuada.
A ello se suma la reivindicación de incluir la formación continua: “Sorprendentemente se incluye el examen, pero no hay una exigencia una vez que se aprueba. La ley concursal se ha modificado desde 2023 una treintena de veces. Sin esa actualización permanente, el profesional no puede estar especializado”, advirtió.
Actualización de los honorarios
El debate se extiende también al terreno de los honorarios, otro de los pilares del reglamento. “Parece que el problema son los administradores concursales”, ironizó la presidenta del REFOR. El sistema retributivo está determinado por un arancel aprobado en 2004 y sin actualización conforme al IPC desde entonces. El colectivo reclama, como mínimo, una revisión anual y la fijación de unos honorarios mínimos por procedimiento de 2.565 euros.
En lo que respecta a la cuenta de garantía arancelaria, el proyecto regula un fondo para asegurar el cobro de los honorarios de los administradores concursales, al que estos deberán aportar una parte de las retribuciones percibidas. Sin embargo, los economistas reclaman que su financiación se complemente parcialmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
“Los profesionales queremos que haya un colectivo y un acceso más profesionalizado, pero que los requisitos sean acordes con los procedimientos que hay en la actualidad y que haya una retribución digna y una actualización de los aranceles”, resumió la presidenta del REFOR.
Pitarque confía en que las principales reivindicaciones del colectivo, especialmente las relativas a los honorarios, la formación y la composición de la comisión de evaluación, puedan ser incorporadas al reglamento. No obstante, matiza que el debate sobre el perfil de acceso a la profesión queda condicionado por su regulación en la Ley Concursal, que, debido al principio de jerarquía normativa, no puede ser modificada por un reglamento. No obstante, espera que esta cuestión se aborde en el marco de la transposición de la directiva europea de insolvencia.