El Congreso impulsa la unificación de criterios en el uso de los medios adecuados de resolución de controversias
La iniciativa incorpora medidas urgentes propuestas por el Colegio de la Abogacía de Madrid, como ampliar las excepciones a los MASC y formar a operadores jurídicos
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley para garantizar una interpretación unificada de los requisitos exigidos para el uso obligatorio de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y corregir así la aplicación desigual que está teniendo la Ley 1/2025 también llamada Ley de Eficiencia. Los operadores jurídicos están sufriendo las consecuencias de esta disparidad de criterios que se quejan de que la misma demanda puede ser admitida en un juzgado y rechazada en otro.
La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y respaldada por una amplia mayoría (185 votos a favor, 16 en contra y 149 abstenciones), reclama al Gobierno reformas urgentes para evitar la fragmentación interpretativa que, desde su entrada en vigor, “ha generado inseguridad jurídica y desigualdad en el acceso a la justicia”, señala en una nota el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
La aprobación, recoge la nota, “supone un respaldo directo a la postura defendida por el ICAM desde abril, cuando alertó públicamente al Ministerio de Justicia de los efectos dispares que la ley estaba provocando en los juzgados de todo el país y pidió una intervención urgente para unificar criterios”.
“El Congreso ha reconocido hoy que no puede haber justicia con normas que se aplican de forma distinta según el juzgado”, ha declarado Eugenio Ribón, decano del ICAM. “Esta iniciativa responde a una necesidad real que venimos denunciando desde hace meses: si no se corrigen las disfunciones de la Ley 1/2025, los ciudadanos no sólo están obligados a acudir a procedimientos alternativos, sino que no saben en qué casos ni con qué consecuencias, dependiendo del órgano judicial que les toque”.
Nuevas excepciones
Entre las medidas aprobadas hoy se encuentra la ampliación de las excepciones al requisito de acudir a un medio adecuado (MASC) antes de interponer demanda. Por ejemplo, en el caso del juicio monitorio, de los desahucios, reclamaciones de comunidades de propietarios o procedimientos de familia con menores, una de las reclamaciones expresas del ICAM.
El texto también insta al Ejecutivo a promover reformas normativas y reglamentarias que aseguren una aplicación uniforme de los MASC en todo el territorio y elaborar el estatuto de la tercera persona neutral con participación de los operadores jurídicos.
Asímismo, el Gobierno deberá impulsar protocolos comunes de actuación y ofrecer formación específica a jueces, fiscales, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos, así como poner en marcha campañas de información ciudadana sobre los MASC y sus implicaciones legales.