Los letrados judiciales piden seis meses más para la puesta en marcha de los tribunales de instancia
La falta de organización hace peligrar la tercera y última fase de esta nueva organización judicial, que finaliza el proximo 31 de diciembre
Los letrados judiciales se plantan: no ven claro que se den las circunstancias necesarias para que el grueso de los tribunales de instancia estén funcionando el próximo 1 de enero. La Ley de Eficiencia maneja este plazo desde su aprobación hace prácticamente un año. “A día de hoy, 11 de noviembre, a escasas siete semanas de la entrada en funcionamiento de la fase tercera, tanto el Colegio Nacional como la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia, nos vemos obligados a denunciar que no se cumplen las circunstancias necesarias para que esta se produzca con plenas garantías”, reza contundente un comunicado hecho público este martes por las principales asociaciones de letrados judiciales.
“Debemos solicitar públicamente al Ministerio de Justicia que aplace la puesta en marcha de la fase tercera de la oficina judicial del tribunal de instancia, utilizando el mecanismo previsto en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025, o el que considere más adecuado durante al menos seis meses, para evitar que el afán por cumplir con la fecha inicialmente prevista nos puede llevar a una situación indeseable en perjuicio de los ciudadanos, y dar tiempo con ello a llevar a cabo todos los procesos necesarios para una implementación efectiva y con garantías del nuevo modelo”, demandan.
“La experiencia de las dos fases previas nos ha demostrado que, a pesar del importante trabajo realizado por los directores, adjuntos y jefes de aquellos partidos, la entrada en funcionamiento ha sido desorganizada”, apuntan en su nota.
Falta de medios y criterio
Las razones que esgrimen estas asociaciones son variadas. En primer lugar, estos profesionales señalan que “el proceso de acoplamiento de los letrados de la Administración de Justicia de fase tercera no se ha realizado todavía en ninguno de los territorios”. Es decir, que los servicios comunes que apoyan a los futuros tribunales de instancia no están aún organizados. “No hay certezas sobre las relaciones de puestos de trabajo que pueden y deben en numerosos casos ser modificadas para paliar errores previos”, explican en su nota. Además, argumentan, “no está aprobada la resolución definitiva que regulará las normas de acoplamiento de los letrados y letradas. Tampoco están nombrados los directores, adjuntos, jefes de área y de equipo de los partidos pertenecientes a las comunidades autónomas más pobladas”. Similares circunstancias, apuntan en su escrito, “se dan respecto del acoplamiento de los funcionarios de cuerpos generales”.
La situación, señalan, es caótica: “A día de hoy no se ha definido la forma de organizar la nueva oficina, no está aprobado ninguno de los protocolos que deben regir las oficinas judiciales de la fase tercera, lo que supone entre otras cosas que letrados y funcionarios deben de decidir si confirmar o no sin saber exactamente el trabajo que se desarrollará en uno u otro servicio”.
Los letrados judiciales se quejan de “improvisación” y alertan de que no se ha hecho una inversión necesaria par adaptar los edificios y espacios y para “desarrollos tecnológicos”. “No están preparadas las adaptaciones y permisos necesarios en los muy diferentes sistemas de gestión procesal que se emplean en el territorio español, que con carácter general desconocen los servicios comunes y áreas y funcionan centrados en las plazas judiciales. Similares problemas se darán con los permisos necesarios para los accesos a Punto Neutro Judicial, aplicaciones del ministerio o de las comunidades autónomas. ”, subrayan. Además, reprochan al ministerio dirigido por Felix Bolaños que no han recibido la formación específica “necearia”.