Ayuso da el pistoletazo de salida en Valdebebas para el futuro epicentro judicial de Madrid
La obra de la Ciudad de la Justicia contará con certificaciones ambientales avanzadas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dado el pistoletazo oficial al inicio de las obras de la futura Ciudad de la Justicia de Madrid en Valdebebas, un acto al que han acudido representantes del mundo judicial. El complejo, cuyo proyecto lleva 20 años paralizado, promete convertirse en el mayor complejo judicial a nivel internacional. Ayuso calificó la obra como “fruto de nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la libertad y la Justicia”, recalcando que se será “la infraestructura judicial más grande del mundo”. Las previsiones apuntan a que las obras finalicen en 2029.
El proyecto —que supone una inversión de más de 653 millones de euros— aspira a reunir en una sola sede los 378 órganos jurisdiccionales dispersos actualmente en 26 ubicaciones distintas en la comunidad madrileña. Este reagrupamiento no solo generará un ahorro estimado en 80 millones de euros anuales para las arcas públicas, sino que también dará forma a un espacio moderno y eficiente, con una ampliación del 60% respecto a lo actualmente disponible, y capacidad para absorber el crecimiento judicial previsto hasta dentro de 40 años.
Con una extensión que superará los 470.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia de Madrid pretende suponer un entorno funcional y simbólico de la importancia de la justicia. Casi 33.000 personas —entre profesionales judiciales, empleados públicos y ciudadanos— transitarán diariamente por sus pasillos. Para preservar la dignidad y seguridad de partes implicadas, se han previsto recorridos diferenciados que evitarán encuentros entre víctimas, acusados, jueces y policías, una innovación que evidencia el cuidado diseño centrado en el respeto y la eficiencia.
Tanto el consejero Miguel Ángel García Martí como la presidenta Ayuso han resaltado el compromiso con la sostenibilidad está presente el proyecto, con certificaciones ambientales que avalan la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente, consolidando, en su opinión, a Madrid como pionera en infraestructuras públicas de última generación.
El acceso principal, bautizado como Plaza de la Justicia, tendrá un tamaño similar al emblemático espacio de la Puerta del Sol y se conectará con una gran avenida central. A ambos lados se erigirán cuatro edificios prismáticos que albergarán desde el Decanato de Madrid y colegios profesionales, hasta la Fiscalía Superior y Provincial, así como 354 juzgados de distintas jurisdicciones: civil, social, contencioso-administrativo y penal. También incluye oficinas de asistencia a víctimas y 4.000 plazas de aparcamiento, todas las instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida.
El proyecto creará un impacto económico y laboral considerable en Madrid. En los picos de actividad, hasta 3.000 trabajadores estarán involucrados en la construcción, que se movilizarán alrededor de 1,8 millones de toneladas de tierra y utilizarán más de 200.000 metros cúbicos de hormigón y casi 24.000 toneladas de acero.
Respecto a la sostenibilidad, el complejo ha obtenido ya dos certificados de eficiencia ambiental. El edificio que albergará el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial cumple con los criterios del Sello Verde otorgado por Green Building Council España, además de superar los estándares NZEB, con un consumo energético un 10% inferior a los límites fijados en el Código Técnico de Edificación. Este compromiso ambiental se extenderá a toda la instalación, incluidas las zonas de juzgados, fiscalía y estacionamiento.
La presidenta Díaz Ayuso remarcó que esta construcción es parte de una serie de inversiones sin precedentes en infraestructuras judiciales, con más de 830 millones de euros destinados a renovar el 90% de los órganos judiciales en la región. Se contemplan, además, ampliaciones y nuevas sedes en municipios como Getafe, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, fortaleciendo así el sistema judicial madrileño en su conjunto.
En los últimos veinte años, la Ciudad de la Justicia de Madrid ha sido un proyecto reiteradamente postergado y recuperado, marcado por diversas fases y polémicas. Inicialmente promovido en 2004-2005 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, el proyecto original contemplaba unir todas las sedes judiciales dispersas en un único complejo en Valdebebas, una idea que quedó paralizada tras varios intentos y cambios de gobierno y cuyo único resultado tangible hasta el momento ha sido el Instituto de Medicina Legal (popularmente conocido como el “donut”) que está en funcionamiento desde 2020.