Sanción millonaria para Google, compromisos para Microsoft: cuando la estrategia lo es todo
Hay asuntos en los que el daño causado al mercado se ha materializado durante años y la comisión no está abierta a negociación alguna
La misma semana, dos gigantes tecnológicos, dos estrategias, dos desenlaces completamente diferentes. Mientras el pasado 5 de septiembre Google encajaba una severa multa de 2.950 millones de euros por manipular el mercado publicitario digital, Microsoft lograba, apenas siete días después, cerrar el expediente referido a su plataforma Teams mediante compromisos vinculantes, evitando cualquier sanción económica. Ambos casos ilustran las dos rutas principales que ofrece el sistema antimonopolio europeo, al perseguir los abusos de posición dominante: la vía punitiva y la negociada.
El contraste no puede ser más revelador. Google enfrentaba acusaciones por favorecer sistemáticamente su plataforma AdX entre 2014 y 2025, proporcionándole información privilegiada sobre ofertas competidoras y concentrando las pujas en su propia plataforma. La Comisión Europea, tras cuatro años de investigación, concluyó que estas prácticas distorsionaron gravemente la competencia, justificando una de las multas individuales más elevadas de la historia antimonopolio europea.
Microsoft, por el contrario, optó por la cooperación poco después del inicio de las investigaciones por parte de la Comisión, en verano de 2023. Ante las denuncias por incluir obligatoriamente Teams en Office 365 y Microsoft 365 y los indicios de posible abuso, la empresa propuso voluntariamente ofrecer versiones sin Teams a precio reducido, facilitar la interoperabilidad con productos de terceros y permitir la extracción de datos. Resultado final: compromisos vinculantes durante siete años, pero ausencia de declaración de infracción y cero euros de multa.
No es fácil saber qué porcentaje de investigaciones por posibles abusos de posición de dominio se resuelven mediante compromisos, sin sanciones. Pero está claro que esta vía, cuando está abierta, compensa a las empresas investigadas. Las razones son evidentes para cualquier director jurídico o CEO.
Primero, el coste económico. Una multa puede alcanzar el 10% de la facturación mundial anual de la empresa, mientras que los compromisos, aunque vinculantes, permiten mantener el control sobre la solución y adaptar el negocio gradualmente, con un calendario consensuado con la autoridad. Además, también se reduce notablemente el riesgo de posteriores reclamaciones de daños – a veces también millonarias - por terceros perjudicados por la práctica en cuestión, teniendo en cuenta que no se cuenta con una decisión de la comisión que establezca formalmente la existencia de infracción legal.
Segundo, la reputación. Una sanción implica una declaración formal de culpabilidad que puede dañar la imagen de la empresa y perjudicarle en negocios futuros – por ejemplo, si pretende contratar con administraciones públicas -, además de utilizarse en litigios posteriores o investigaciones en otras jurisdicciones. Los compromisos, en cambio, no implican admisión de responsabilidad: la empresa simplemente acepta modificar ciertas prácticas comerciales sin reconocer infracción alguna.
Tercero, la predictibilidad. La cuantía de las multas depende de criterios complejos y a menudo impredecibles. Los compromisos permiten negociar exactamente qué cambios implementar y cómo, evitando sorpresas desagradables.
Pero, ¿cuándo negociar y cuándo “resistir” ante las acusaciones de la autoridad? La decisión no es fácil ni automática. Hay asuntos en los que el daño causado al mercado se ha materializado durante años y la comisión no está abierta a negociación alguna. Hay otros, en cambio, en los que las empresas y sus asesores tienen más margen de maniobra, de cara a corregir distorsiones recientes de la competencia.
Las prácticas de Google en adtech eran longevas, y probablemente tan centrales para su modelo de negocio que cualquier compromiso significativo, de haber sido viable, hubiera sido más costoso que la posible multa. Además, la empresa mantiene múltiples frentes abiertos con reguladores globales, y ceder en Europa podría debilitar su posición en otros mercados (también es justo afirmar que esta empresa ha conseguido anular judicialmente alguna sanción millonaria de la propia comisión). Ello explicaría que Google mantuviera su oposición a las acusaciones de abuso durante años, tiempo que permitió a la comisión acumular evidencias de la infracción finalmente sancionada.
Microsoft, por su parte, probablemente pudo permitirse desvincular Teams de Office sin comprometer fundamentalmente su estrategia empresarial. Además, esta empresa actuó rápidamente tras las primeras denuncias, introduciendo cambios en su producto incluso antes de que la Comisión formalizara sus objeciones. Esta proactividad facilitó, sin duda, el posterior diseño de los compromisos definitivos.
La lección para las empresas es clara: cuando existe la oportunidad, conviene evaluar tempranamente si las prácticas investigadas son o no esenciales para el modelo de negocio. Si son prescindibles, la oferta de compromisos vinculantes solucionando los problemas detectados por Competencia suele ser la opción más inteligente.