El dilema de la abogacía frente al 10º aniversario de los ODS
Según el último informe de sostenibilidad del sector 2023, la mayoría de firmas (80%) asesoraban a sus clientes en materia de ESG y transición energética, pero solo un 23% la había incorporado en su estrategia corporativa
El décimo aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no llega en el mejor momento. En un mundo tirante y nervioso, se cumplen diez años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara los famosos ODS. Diecisiete objetivos y 169 metas con la ambición de movilizar a gobiernos, empresas y sociedad civil en una agenda común que busca erradicar la pobreza, reducir desigualdades, afrontar la crisis climática y promover la paz y la justicia. Todo ello, con el horizonte puesto en 2030. A tan solo cinco años de alcanzar la esperada y ansiada fecha, según el último informe que publicaba la ONU en 2025, solo un 18% de las metas marcadas se encuentran en tiempo y forma de cumplirse, un porcentaje exactamente igual a los targets que, lejos de avanzar, están en retroceso.
Este balance agridulce se traslada al sector privado, llamado a ser pieza clave del desarrollo sostenible. Es cierto que el conocimiento y las acciones alrededor de la sostenibilidad han aumentado en el mundo corporativo, pero sigue sin existir un liderazgo fuerte y explícito en la primera fila de los ejecutivos. En España, en 2020, el 71% del IBEX-35 incluía declaraciones expresas de la alta dirección sobre su compromiso con los ODS; en 2024 este porcentaje se situaba en apenas el 29% (Forética, 2025).
Pero, ¿qué ocurre en la abogacía? ¿Qué papel cumplen los ODS en una profesión directamente relacionada con la promoción de la paz, la justicia y las instituciones sólidas (ODS 16), y que además guía y asesora al IBEX y otras muchas empresas en su propia transición sostenible?
El informe más reciente disponible sobre el estado de la sostenibilidad en el sector, el Greenprint 2023 de RSGI Consulting (organizadores de los premios legales de innovación de Financial Times), aportaba una radiografía no demasiada halagüeña. Tras analizar a 180 grandes despachos internacionales, los grandes por facturación, la conclusión era que la mayoría de las firmas (un 80%) asesoraban a sus clientes en materia de ESG y transición energética, pero solo un 23% había incorporado los ODS en su estrategia corporativa, y apenas un 10 % publicaba informes de sostenibilidad con el nivel suficiente de transparencia y calidad para considerarse referentes. La cifra caía hasta un 2 % si se analizaba el número de firmas que habían publicado una matriz de materialidad en sus informes, herramienta básica para medir y priorizar el impacto. La brecha entre buenas intenciones y métricas verificables era, por tanto, más que evidente.
En el transcurso de estos dos años desde aquel estudio, la situación parece estancada. Mientras las grandes empresas españolas han acelerado en esta última década (efecto Trump aparte) para visibilizar su estrategia sostenible y sistematizar el reporting ESG, la mayoría de los despachos se encuentran rezagados en la definición de su hoja de ruta, la publicación de métricas verificables y el liderazgo visible de sus máximos responsables.
Como explicación, algunos hablan de la complejidad y falta de recursos humanos y técnicos para medir y cuantificar su propio impacto. El compromiso con los ODS está ahí, pero no se definen metas concretas ni se establecen sistemas de medición. Otros profesionales del sector aluden a la cultura de la discreción que caracteriza a los despachos. “Hacemos más de lo que comunicamos”, dicen, una estrategia que, en estos tiempos que vivimos de polarización constante podría tener sus ventajas… o no. El exceso de precaución podría llevarlos también a una tierra de nadie, perdiendo la oportunidad de construir una identidad propia en torno a la sostenibilidad como ventaja competitiva.
En el escenario opuesto, el gran problema de comunicar más de lo que se hace realmente, un desajuste provocado por discursos grandilocuentes sin datos ni acciones que lo apoyen. Un despacho que presume de su práctica ESG, pero que no publica datos específicos y objetivos sobre sus propias emisiones, diversidad o impacto social podría generar desconfianza en el proceso de contratación. Aunque no son pocas las voces en el sector que afirman que la sostenibilidad es todavía un criterio cosmético, no hay que olvidar que cada vez son más las evaluaciones, homologaciones y certificaciones a las que se enfrentan los despachos, con solicitud constante de datos verificables que, si no se aportan, pueden dejarles en desventaja o directamente fuera del terreno de juego.
Quedan cinco años para alcanzar el horizonte de los ODS, un tiempo preciado en el que los despachos de abogados pueden decidir (o no decidir) seguir apostando por ese perfil bajo “tan” del sector o, por el contrario, aspirar a un escenario donde la sostenibilidad guíe su hoja de ruta, formando parte de su propuesta de valor, estrategia y propósito, con una coherencia total entre lo que se hace y lo que se comunica. No hay nada peor que quedarse en tierra de nadie.