Isabel Perelló: “Cada cargo público es responsable de sus actos”, dice frente al señalamiento a los jueces
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha defendido a los jueces de las acusaciones de parcialidad
Este viernes, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha sido un hervidero de periodistas en busca de la noticia en el tradicional acto de apertura del año judicial. Ha sido uno de los arranques de curso más polémico y tenso de los últimos años —afirmación que no es baladí— por la participación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Supremo confirmase en julio su procesamiento por un supuesto delito de revelación de secretos que afecta al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las principales asociaciones conservadoras de jueces y fiscales pidieron al fiscal general que diera un paso atrás y el líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijoo, excusó su presencia y ha defendido que no debería exponerse al Rey a un choque institucional en estas circunstancias.
“Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal; Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman”, ha subrayado Álvaro García Ortiz al inicio de su intervención. La presentación de la memoria de la actividad judicial se ha desarrollado sin interrupciones en la Sala. El fiscal general ha defendido, un año más, la reforma para que los fiscales asuman completamente la investigación de los asuntos penales.
Al acto, presidido por el Rey Felipe VI, han asistido los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados de este órgano judicial, y los presidentes de los tribunales superiores de justicia, entre otras autoridades judiciales. Asimismo, ha contado con la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, inmerso en el procedimiento contra el fiscal general, también ha acudido a la apertura del año judicial junto con otros representantes de instituciones del mundo de la justicia.
Hace tan solo un año, parecía que las aguas de la cúpula del Poder Judicial se calmaban tras el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General y del Tribunal Supremo después de cinco años y medio de bloqueo institucional. “Desde entonces el Consejo General del Poder Judicial ha efectuado 161 nombramientos, normalizando con ello la situación. En el Tribunal Supremo se han designado las presidencias de Sala y 29 nuevos magistrados, por lo que está casi completa su planta. De igual modo, se han cubierto las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales”, ha señalado Perelló en su discurso ante el Rey.
Sin embargo, la nueva etapa de la judicatura española arrastra los lastres de la tensión política que ha salpicado a los magistrados sobre todo en los casos de corrupción más mediáticos. “Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces”, ha clamado la presidenta. “No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde, cada cargo público es responsable de sus actos”, ha deslizado Perelló en defensa de la independencia judicial, un asunto nuclear en su intervención ante el Rey.
García Ortiz enfrentó la polémica
Álvaro García Ortiz ha comenzado su discurso de una forma inusual en este acto: justificando su presencia en el mismo, lo que no deja de mostrar lo singular de su situación procesal. Tras esa introducción, el fiscal general del Estado ha resumido la memoria de la institución. El fiscal general ha dejado para el final de su intervención uno de los asuntos de más actualidad: los incendios, muchos de ellos aún vivos, que han asolado España este verano y que atribuyó a “la conjura de los riesgos”. El fiscal general ha pedido evitar el “riesgo de criminalización del mundo rural de determinados colectivos” así como no reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a “la caza del hombre” mediante la represión penal.
La situación de los menores no acompañados también ha sido abordada por Álvaro García Ortiz, de los que dijo están “estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también político”.
Citando la Memoria de la Unidad de Menores de la Fiscalía ha querido hacer frente a los “discursos alarmistas” señalando que la incoación de procedimientos de reforma de menores “disminuyó un 6% con respecto al año anterior” aunque – en un difícil equilibro argumental- reconoció una “seria preocupación por el incremento y auge de conductas realizadas por menores de edad cada vez más violentas”.
Finalmente, el fiscal ha reclamado, en sintonía con los proyectos del Gobierno “la cristalización de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal”.
En resumen, según se desprende de la memoria de la Fiscalía, España “es uno de los países más seguros y prósperos del mundo”. División de opiniones, o de aplausos, al terminar la faena, moderados junto a muchos brazos caídos entre los presentes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
Perelló, en defensa de los jueces
“Sin duda, queda mucho camino por recorrer, pero ya estamos asistiendo a un verdadero cambio en la cúpula del poder judicial y confío en que a lo largo de este mandato se consiga la plena igualdad en el ámbito judicial. Ese es mi empeño”, ha defendido Isabel Perelló en su intervención antes de desgranar el resumen de la actividad de los jueces durante el último año. El CGPJ ha nombrado a una mujer en el 53 % de las plazas a las que concurrían candidatos de ambos sexos.
La falta de jueces, ha subrayado la presidenta, pone en grave peligro a la justicia. “Las 120 plazas que, de media, se han ofrecido en las convocatorias en los últimos años son insuficientes”, ha sostenido Perelló, quien ha señalado que un informe del Pleno del CGPJ considera urgente la creación de 509 plazas judiciales. Perelló ha asegurado que los jueces no son “inmovilistas”, pero la reforma que plantea el Ejecutivo para el ingreso en la carrera judicial que genera “legítima preocupación de la judicatura”.
La defensa de la independencia judicial ha centrado su intervención. La presidenta del Poder Judicial ha sido clara al señalar que los jueces deben cumplir su función y que el respeto y lealtad deben presidir las relaciones con otras instituciones del Estado.