La CEOE alerta: los nuevos impuestos verdes impactan en la competitividad empresarial
La patronal denuncia que el objetivo es recaudar y no reducir emisiones; los empresarios advierten de sus dificultades para declarar y cumplir con el fisco
En la última década, España ha intensificado su apuesta por una transición ecológica a través de la fiscalidad verde. Más allá de su indudable función recaudatoria, los nuevos impuestos medioambientales buscan alterar conductas, orientar la producción y el consumo hacia modelos sostenibles y cumplir con los compromisos adquiridos a nivel europeo y global. Sin embargo, su despliegue tiene efectos significativos e ineludibles sobre la estructura de costes, la innovación y, especialmente, la competitividad del tejido empresarial español.
El escenario normativo nacional muestra una clara tendencia a ampliar y profundizar la fiscalidad ambiental. 2025 ha traído consigo la consolidación de tributos ya existentes, como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, lo que supone un paso significativo que afecta a múltiples eslabones de la cadena de valor, desde fabricantes hasta distribuidores y grandes superficies, sin olvidar otros nuevos como el que afecta a los residuos urbanos en los grandes municipios.
Por otra parte, hay que recordar que la Comisión Europea dio como plazo hasta el 11 de abril de este año para aplicar un recargo tributario al diésel —vinculado al pago del quinto tramo de los fondos de recuperación— que supondrá una subida de unos 11 céntimos por litro. Aunque la debilidad parlamentaria del Gobierno ha impedido cumplir con este plazo, todos los operadores lo consideran próximo e inevitable.
Excesiva burocracia
En opinión de Francisco Javier Martín, abogado y catedrático de derecho financiero y tributario, la proliferación de figuras impositivas con objetivos solapados genera ineficiencia y burocracia, debido a un diseño fiscal que muchas veces resulta fragmentado y confuso. Esta situación “obliga a las empresas a invertir recursos en la interpretación de normativas complejas y en la gestión de múltiples liquidaciones, incrementando la carga administrativa y provocando inseguridad jurídica, lo que dificulta la planificación y la inversión en la transición ecológica”, afirma.
Por su parte, Raquel Jurado, economista del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) considera que los impuestos medioambientales, como los aplicados a envases de plástico no reutilizables o gases fluorados, responden a una lógica de fiscalidad ambiental alineada con los objetivos de sostenibilidad de la UE, aunque reclama que “su diseño y aplicación deben hacerse con cuidado para evitar una carga excesiva o desigual”.
Más impuestos impactarán en el bolsillo del consumidor. Lógicamente, si se implementan nuevos impuestos, se incrementarán los costes operativos de las empresas, y estos pueden trasladarse a precios, lo que puede llegar a afectar a la competitividad en mercados internacionales. En esta dirección, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), consideran que estos nuevos tributos, aunque se justifiquen en clave ambiental, tienen un diseño “que obedece en muchos casos más a un fin recaudatorio que a una auténtica estrategia de reducción de residuos o emisiones”.
Los empresarios alertan también de que “la multiplicidad de modelos de declaración incrementa los costes de cumplimiento, obliga a destinar recursos a asesorías externas y multiplica el riesgo de sanciones por errores formales”.
Competitividad
Otro asunto preocupante para la CEOE es la eficiencia de los mecanismos de desgravación, por ejemplo, para quienes exportan envases, gases fluorados o productos sujetos a estos impuestos nacionales. Desde la organización patronal denuncian que no funcionan con la agilidad necesaria: los plazos de devolución pueden prolongarse meses, la documentación exigida es tan exhaustiva que solo las grandes empresas disponen de medios para gestionarla correctamente y muchas solicitudes acaban denegadas por detalles administrativos.
Esta situación, dicen fuentes de la CEOE, provoca el riesgo de un encarecimiento de los productos españoles en los mercados exteriores, una pérdida de competitividad frente a fabricantes de países con fiscalidades más sencillas y, en definitiva, un efecto contrario al promovido: penalizar la exportación en lugar de fomentar un consumo industrial.
Así las cosas, las empresas españolas se enfrentan a una doble realidad. Por un lado, los impuestos verdes aumentan sus costes de explotación y obligan a cambiar procesos productivos y cadenas de suministro. Por otro, abren oportunidades ligadas a la innovación y la adaptación tecnológica.
Alcanzar el equilibrio entre ambas realidades, y en un contexto del comercio internacional tan imprevisible como el actual, requerirá de soluciones fiscales innovadoras que Francisco J. Martín resume en un modelo de mayor armonización y simplicidad fiscal, tanto a nivel nacional como autonómico, “evitando la fragmentación interna y figuras de baja recaudación y alto coste administrativo que puedan distorsionar la competencia y guiar decisiones empresariales por razones fiscales en lugar de criterios de eficiencia”
El cambio verde
Pacto europeo. Los nuevos tributos ambientales responden a exigencias derivadas del Pacto Verde Europeo y compromisos internacionales. España sigue aún lejos de la media europea en recaudación por impuestos ambientales (1.5% del PIB en 2022, frente a una media de 2.4% en la UE).
Sectores emergentes. Empresas innovadoras y sectores emergentes, como energías renovables, movilidad eléctrica o consultoría medioambiental, ven crecer su negocio en entornos fiscales estrictos según estudios de mercado. La fiscalidad ambiental fomenta la inversión en tecnologías limpias y la eficiencia energética, elementos cruciales para reforzar a medio y largo plazo la competitividad española.
Popularidad. La aceptación social de la fiscalidad verde es alta: según el último Estudio sobre Consumo Sostenible en España, el 74% de los españoles apoya regímenes fiscales que bonifiquen a empresas responsables y penalicen a las que incumplen estándares ambientales. Por otra parte, cae la confianza en los sellos de sostenibilidad, ocho puntos menos que en 2019, cuando comenzó este estudio.
Expertos. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) considera fundamental que estos tributos tengan una finalidad clara, una base imponible bien definida y que se eviten figuras de baja recaudación y alto coste administrativo.