El S.O.S de los juzgados de violencia de género: reclaman medios para asumir un aluvión inminente de nuevas tareas
Los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán el conocimiento de los delitos contra la libertad sexual; demandan medios frente a una potencial avalancha de asuntos
Magistrados y jueces de los juzgados de violencia contra la mujer lanzan bengalas de S.O.S. La razón: temen atragantarse con la avalancha de asuntos y tareas que se les viene encima en los próximos meses. Varias quejas en este sentido han sido trasladadas por miembros de la carrera judicial al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los últimos días. El origen de este temor es la macro reforma de la planta judicial que entra en vigor este año, y desvía a estos juzgados asuntos que, hasta el momento, eran competencia de los juzgados de lo penal.
En una de estas quejas, a la que ha tenido acceso Cinco Días, dos magistradas de esta especialidad auguran que “el efecto inmediato va a ser el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con todas las formas de violencia sobre la mujer”. En concreto, en el año que transcurre, estos jueces conocerán, además de los casos hasta ahora asignados, de los delitos contra la libertad sexual, a los que hay que sumar también los casos de mutilación genital femenina, matrimonios forzosos y trata para explotación sexual.
El Ejecutivo, quien a comienzo de año ya anunció un real decreto para anticiparse ante una hipotética situación de sobre carga, ha reconocido que estas oficinas podrían llegar a asumir un 20 % de trabajo extra.
El escenario plantea un delicado encaje de bolillos: con el paso de un sistema de juzgados – 3.800 en la actualidad – a otro de tribunales de instancia – que reducirá la planta a 431 oficinas multipuerta –, los juzgados de violencia contra la mujer pasarán a llamarse secciones. El plan del Ministerio de Justicia, que comanda Félix Bolaños, es que con este nuevo mapa judicial sea más fácil mover jueces y magistrados a aquellas oficinas más tensionadas. De forma que, si hay una materia o región especialmente congestionada, no será necesario crear un juzgado desde cero – lo que puede llevar un coste de hasta 400.000 euros – sino que el trámite se limitará a crear una plaza de juez – lo que tendrá un coste de menos de 100.000 euros, según los cálculos ministeriales.
En estos días, Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) ha señalado la necesidad de que, en este juego de traslados, se tengan en cuenta las necesidades especiales de los juzgados de violencia contra la mujer. En concreto, que se provean “jueces con formación y experiencia”, pero “no se excluyan aquellos que hayan ejercido en los juzgados mixtos” en el acceso a estas plazas, explica Edmundo Rodríguez, portavoz de la agrupación. Esta ha sido una de las luchas de la asociación progresista, que denunciaba que el sistema vigente de promoción ignoraba la experiencia adquirida en las oficinas mixtas. El ministerio recogió el guante y la semana pasada anunció que eliminaría esta diferencia de trato.
Más tareas
Sin embargo, aún planean las dudas sobre cómo reaccionarán los juzgados cuando lleguen los primeros delitos contra la libertad sexual. La reforma “se traducirá en un incremento notable de asuntos, porque desgraciadamente hay bastante violencia sexual”, reconoce María del Prado Escoda Merino, magistrada coordinadora de la comisión de Violencia de Género de JJpD. En opinión de la jueza, esta sobre carga no será un problema en todas las ciudades, pero sí puede serlo en aquellos partidos judiciales que ya estaban tensionados. “Afectará a la calidad del servicio”, vaticina.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la judicatura, confirma que hay jueces titulares que han hecho llegar “su preocupación ante las nuevas competencias que deben asumir” cuando la ley entre en vigor.
“La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal Esther Erice, es consciente de ello y ya ha puesto en marcha la elaboración de un estudio que cuantifique la carga de trabajo de los juzgados de instrucción con el fin de poder saber de forma científica y rigurosa cuántos asuntos tendrán que asumir los juzgados de violencia sobre la mujer en materia de delitos sexuales”, trasladan a este medio. Si bien de momento no hay “datos concluyentes”, apostillan.
Magistrados y jueces hasta arriba de trabajo
Rendimiento. Gloria Poyatos es magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y especialista en el trato judicial de la violencia de género, sobre lo que ha escrito numerosos trabajos. La jurista pone el dedo en una idea clave: los juzgados más desbordados son más proclives a rechazar peticiones de las víctimas. Algo sumamente peligroso, remarca, en un área tan delicada como la violencia de género. En el libro Estereotipos de género en la justicia (Ad-Hoc, 2024), la especialista explica cómo un estudio de 2011, de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, relacionaba el estrés de los jueces con el sentido de sus decisiones. De forma que, cuanto más desbordado estaba un magistrado, más reacio se muestra a aceptar ciertas peticiones. “Se encerró a un grupo de ocho jueces israelíes y se les puso a trabajar a un ritmo de trabajo extenuante para resolver peticiones de prisión provisional”. Al comienzo de cada sesión los jueces israelíes “aprobaron el 60% de las peticiones”; sin embargo, al final de la jornada “terminaban por rechazar prácticamente todo”.
Estrés. Saber a qué niveles de estrés están sometidos los jueces españoles es un misterio. Las últimas estadísticas son fruto de un estudio que el Consejo General del Poder Judicial realizó en 2018 y no se han vuelto a actualizar. Según los resultados de entonces, el 84% de los magistrados españoles sufría estrés laboral. En 2023, el Consejo General del Poder Judicial ya fue condenado por el Tribunal Supremo por no fijar cargas máximas para cuidar la salud laboral de los miembros de la judicatura.
Estudio. En 2016, investigadores de la Universidad de Barcelona corroboraron que“una carga de trabajo elevada es “muy perjudicial para la probabilidad de que se concedan órdenes de protección a las víctimas”.