La recaudación de la Seguridad Social, ¿tiene límites? Sobre la nueva cuota de solidaridad para 2025
Las generaciones activas estaremos al menos 25 años nutriendo las arcas públicas para que las generaciones anteriores puedan acceder a su jubilación, sin saber si tendremos la misma suerte
El Real Decreto 2/2023 ha supuesto un cambio normativo significativo en materia de Seguridad Social. Aunque su principal objetivo es la reforma de las pensiones, también afecta a empresarios y trabajadores. Esta medida recaudatoria incrementará cada año el coste empresarial y las deducciones a los trabajadores. Una de las novedades de esta normativa es la creación de la nueva cuota de solidaridad, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2025.
La cuota de solidaridad implica que las retribuciones que superen la base máxima de cotización establecida para los trabajadores por cuenta ajena estarán sujetas a una cotización adicional. La distribución de este tipo de cotización entre empresario y trabajador seguirá la misma proporción que la cotización por contingencias comunes.
Esta cuota adicional de solidaridad se aplicará de manera gradual a cada tramo de retribución que supere la base máxima, con porcentajes crecientes desde el año 2025 hasta el 2045. Para 2025, se prevé una subida del tipo de cotización del 3,09%, lo que se traducirá en un coste adicional medio para el empresario de 340 euros anuales.
La aplicación gradual de esta cuota durante 20 años resultará en una cotización adicional del 18,50% en 2045, lo que supondrá un coste adicional para el empresario de más de 2.000 euros anuales. Lo preocupante no es solo el coste adicional, sino que el tope de la base máxima de cotización desaparece, lo que implica que se cotizará por la totalidad de la retribución.
Es un escenario similar al del régimen especial de trabajadores autónomos, que hasta hace poco podían elegir su base de cotización. Hoy en día, deben cotizar en función de sus retribuciones netas, todo con el fin de aumentar la recaudación por parte de la Seguridad Social.
No podemos olvidar que esta normativa también introduce el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyo objetivo es preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo. El MEI, en vigor desde 2023, es una cotización adicional no computable a efectos de prestaciones y que alimentará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Al igual que la cuota de solidaridad, su aplicación será gradual hasta el año 2050, con un incremento del 1,2% sobre el tipo de cotización. Para 2025, se establecerá un tipo del 0,80%, lo que supondrá una deducción mensual de 16 euros sobre el salario del trabajador.
El sistema de pensiones en España parece ser insostenible. La generación de los baby boomers está incrementando el número de pensionistas, pero los relevos generacionales no siguen el mismo ritmo.
Las generaciones activas estaremos al menos 25 años nutriendo las arcas de la Seguridad Social para que las generaciones anteriores puedan acceder a su jubilación, sin saber si tendremos la misma suerte al finalizar nuestra carrera profesional.
Cuando la normativa fiscal incrementó los impuestos a las rentas altas, estas “huyeron” del territorio nacional. Aunque la cuota de solidaridad afecte solo a las rentas altas, podría convertirse en un techo salarial impuesto por los empresarios para evitar la cotización adicional.
Esto, sin mencionar el impacto que tendrá para las empresas españolas, donde los costes de Seguridad Social ya superan el 30% del salario del trabajador. Con las subidas previstas por el MEI y la cuota de solidaridad, este porcentaje podría llegar al 49,60%.
Algunos sectores sufrirán más que otros, como el del entretenimiento. A pesar de los avances gracias a los incentivos fiscales, los productores españoles y extranjeros que operan en España enfrentan enormes barreras para cerrar sus presupuestos. El aumento anual del coste empresarial será un desafío considerable.
El sistema español está ahogando a las pymes, que son la base económica del país. Los empresarios contratan menos personal porque no pueden asumir los costes que impone el Estado, lo que dificulta también la absorción de los incrementos del SMI. Esto deja a muchos jóvenes sin acceso a empleos con salarios dignos. Además, las bonificaciones a la contratación se han reducido drásticamente, lo que significa que el gasto es mucho mayor que hace unos años, mientras que los beneficios a la contratación son cada vez menores.
Para garantizar la sostenibilidad del empleo y el buen funcionamiento de la economía, cabe preguntarse: ¿Este es el camino correcto?