Retos para la implementación de la nueva normativa de facturación electrónica en el sector turístico y canal horeca
Esta medida no solo garantizaría la precisión en las transacciones, sino que también permitiría a las empresas mantener la eficiencia operativa en un entorno digitalizado
La entrada en vigor de la facturación electrónica obligatoria en transacciones entre empresas, impulsada por la Ley Crea y Crece, traerá importantes cambios en el ámbito empresarial español. Una vez aprobado el real decreto, las grandes empresas contarán con 12 meses para aplicarlo, mientras que aquellas compañías con una facturación inferior a los ocho millones de euros tendrán 24 meses para adaptarse a la nueva normativa. El objetivo principal de esta ley es combatir la morosidad fiscal y el abuso de los plazos de pago. También fomentar la digitalización del tejido empresarial del país.
En ambos casos, la factura electrónica se yergue como una herramienta clave. La publicación del real decreto que regula el uso de la factura electrónica obligatoria entre empresas ha sufrido algunos retrasos pero se espera que la normativa salga adelante en los próximos meses.
Este nuevo tablero de juego traerá consigo, por lo tanto, oportunidades para digitalizar procesos de aquellas empresas que aún no han automatizado la gestión de las facturas, pero también retos de adaptación para los sectores, como el turístico y la hostelería (horeca), que usan esta tecnología desde hace tiempo.
Es importante mencionar también que la factura electrónica lleva años en uso. Se trata de una tendencia mundial que los gobiernos latinoamericanos iniciaron, y que ahora llega a Europa. En Italia, por ejemplo, se usa la factura electrónica en transacciones entre empresas desde 2018. Países como Alemania o Francia están trabajando en la misma dirección que España.
El éxito de la nueva normativa dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a la realidad operativa y financiera de los sectores afectados. El turismo (12,8% del PIB en España en 2023) y la hostelería (4,3% del PIB), que juntos representan uno de los pilares fundamentales de la economía española, presentan particularidades que requieren un enfoque especializado en la regulación de la facturación electrónica.
A pesar de que la digitalización es una tendencia creciente en estos sectores, el borrador actual de la ley que regula el uso obligatorio de la factura electrónica entre empresas no tiene suficientemente en cuenta las especificidades de la industria turística. Es por esto que este año se presentó un manifiesto, firmado por 125 empresas líderes, que expone la necesidad de una implementación equitativa de la ley que reconozca las complejidades operativas del sector.
Una de las principales preocupaciones es la gran carga administrativa que supondrá la identificación manual de los proveedores para emitir facturas electrónicas. En un sector donde la eficiencia y la agilidad son esenciales, este tipo de tareas puede resultar un obstáculo significativo.
Para mitigar este desafío sería óptimo crear una base de datos pública accesible, que permita la identificación automática de los puntos de entrada de facturación electrónica de los proveedores. Esta solución ayudaría a simplificar los procesos, reduciendo así el impacto administrativo y permitiendo que las empresas del sector turístico y del canal horeca puedan centrarse en su operativa diaria, sin verse atrapadas en procesos burocráticos complejos.
Otro de los retos destacados que recoge el manifiesto es el uso de formatos genéricos para la factura electrónica, tal como propone el Gobierno en el borrador de la ley. La industria turística maneja datos específicos, como números de reserva, fechas de check-in y check-out, mientras que las empresas del canal horeca trabajan con números de albarán y cantidades de productos o servicios. Toda esta información es vital para la operativa del día a día de hoteles, restaurantes y agencias de viajes, de manera que su omisión podría generar errores y complicaciones logísticas importantes.
Por ello, se aboga por la creación de una lista adicional de formatos de facturación electrónica que puedan ser aprobados y utilizados de acuerdo con las necesidades de industrias específicas. Esta medida no solo garantizaría la precisión en las transacciones, sino que también permitiría a las empresas mantener la eficiencia operativa en un entorno digitalizado.
La gestión de la firma electrónica avanzada es otro aspecto que preocupa a los actores del sector turístico. La normativa actual exige la renovación periódica de los certificados de firma electrónica para cada emisor, lo que supone una carga administrativa importante y el riesgo de que la caducidad inesperada de un certificado interrumpa el servicio, afectando negativamente al negocio.
Es por ello que se apuesta por la creación de una “firma delegada”, que permitiría a una entidad autorizada firmar en nombre de múltiples usuarios. Esto simplificaría enormemente la gestión de las facturas electrónicas, disminuiría la carga administrativa y mejoraría la eficiencia operativa. Además, se reducirían los riesgos de interrupción en el servicio, lo que es crucial en un sector donde el dinamismo y la rapidez son fundamentales.
La legislación actual no se ha planteado de forma equitativa para el sector turístico y horeca. Esta industria es esencial para la economía española y merece una regulación que respete su complejidad y necesidades particulares.
Por todo esto no solo se busca ajustar la legislación a la realidad operativa de las empresas, sino que también se pretende proponer soluciones específicas que permitirán una implementación más eficiente y efectiva. El objetivo final es que la ley favorezca el crecimiento y la competitividad de todas las empresas.
En definitiva, la facturación electrónica puede representar una oportunidad para modernizar y optimizar procesos, siempre y cuando se implemente de manera justa y acorde a sus necesidades específicas. La colaboración entre el Gobierno y el sector privado es esencial para garantizar que la legislación sea beneficiosa para todas las partes involucradas.