Bruselas, fijeza o sanción: habrá avalancha de reclamaciones de interinos por discriminación
Los empleados públicos en abuso de temporalidad tuvieron que pasar un filtro de entrada y su permanencia a lo largo del tiempo es una confirmación de su mérito y capacidad
La Comisión Europea vuelve a sacar la tarjeta amarilla. Si España no corrige el abuso de temporalidad en la Administración Pública habrá sanciones. Bruselas da dos meses para subsanar; en caso contrario, enviaría dictamen motivado con propuesta de sanción. Técnicamente estamos en la misma situación de junio, cuando Bruselas dio dos meses al gobierno español para hacer los deberes. El plazo terminó el 23 de septiembre y el Gobierno seguía sin mover ficha. Así que Bruselas vuelve a dar dos meses más.
Políticamente el escenario es diferente. A nivel comunitario las instituciones europeas estaban ajustándose al resultado de las elecciones de junio. A nivel doméstico, desde ese mes han aparecido muchas informaciones que no dejan en buen lugar al gobierno nacional; y Europa comienza a tomar nota.
Pero más allá de las cuestiones políticas están las técnicas. Bruselas ya ha advertido que la legislación española no es suficiente para cumplir con la directiva 1999/70-CE de trabajo temporal en la administración: la temporalidad no debe prolongarse más allá de los tres años y la legislación nacional debe de contar con mecanismos para prevenir el abuso y sancionarlo. En España no hay prevención ni hay sanción.
La Ley Iceta y posteriores parches han sido declarados como insuficientes por el Tribunal de Justicia de la UE y ha resuelto que la fijeza es una sanción adecuada para prevenir dicho abuso. Tanto el Gobierno como el Supremo tratan de evitar la fijeza automática. Argumentan que violaría el principio constitucional del acceso a la función pública bajo los principios de transparencia, médico y capacidad.
¿De verdad que las oposiciones son un método transparente después de los últimos escándalos que hemos vivido? No negamos que la oposición sea un buen método de acceso a la función pública. Lo que rechazamos es que sea el único. Los empleados públicos en abuso de temporalidad tuvieron que pasar un filtro de entrada. Su misma permanencia a lo largo del tiempo es una confirmación de su mérito y capacidad. Si así no fuera, ¿la administración no tiene ninguna responsabilidad de haber mantenido en un puesto -siquiera temporal- a quien no tenía mérito y capacidad?
Bruselas ha optado por sacar una segunda (y última) tarjeta amarilla en lugar de la roja porque las consecuencias de la discriminación pueden ser tremendas y ha optado por la prudencia. Estamos hablando de cerca de un millón de empleados públicos en abuso de temporalidad que podrían reclamar indemnización por discriminación.
Los responsables de dichas indemnizaciones y de las eventuales sanciones no sólo serían las administraciones, sino los mismos responsables públicos. Porque al sancionar al Estado se está sancionando también al abusado. El principio de buena Administración exige que quien administre mal tenga que asumir sus responsabilidades. Es lo que se está aplicando ya en Italia y lo que se empieza a plantear en España. Quizás sea el mecanismo más eficaz para que haya voluntad de corregir una trasposición insuficiente e incorrecta.
Estamos satisfechos de los movimientos que se están produciendo. Desde que asumimos la defensa de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (EPA), la Comisión Europea ha empezado a tomar cartas en el asunto y el TJUE también ha advertido de la insuficiencia de la legislación española para cumplir con lo dispuesto en la directiva. Instamos a la comisión a que actuara para asegurar la efectividad y la primacía del derecho europeo frente a la pasividad del gobierno y la prejudicial distractiva del Supremo en relación con los contradictorios indefinidos no fijos.
Nos felicitamos de haber obtenido eco en el ejecutivo comunitario tras la queja presentada ante la misma Comisión y ante el Defensor del Pueblo Europeo y la petición presentada ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Estamos más cerca de solventar un agravio histórico que los empleados abusados llevan denunciando desde hace casi un cuarto de siglo.
Ya el tiempo se agotó. El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado o parcheando una solución. Sólo hay dos alternativas: fijeza o sanción. Es decir: o fijeza ya o sanción y posterior fijeza e indemnizaciones. Bruselas está clara y el TJUE también es claro. Los parches gubernamentales no valen; son insuficientes y consolidan la discriminación. El problema es grave porque afecta a un colectivo muy numeroso que ha ido encadenando temporalidad recibiendo un trato discriminatorio respecto a los trabajadores fijos.
Pero mirar para otro lado o huir hacia adelante como hasta ahora no soluciona el problema. Los más de mil abusados personados en la queja de EPA esperan una respuesta personal. Pero los cerca de un millón de españoles en abuso de temporalidad también esperan decisiones firmes. En caso contrario no sólo habrá una multa millonaria, sino que habrá avalancha de reclamaciones por discriminación.