“No tengo fe en la CNMC”, la reacción del decano del ICAB al anuncio de Competencia de un segundo expediente sancionador por recomendación de precios
Los criterios sobre los baremos de honorarios se pactaron con la comisión para cumplir con la normativa comunitaria después de recibir una sanción
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes que incoa un expediente sancionador contra el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) por un posible incumplimiento de dos resoluciones que prohibían realizar recomendaciones de precios sobre los honorarios de los abogados. Este medio se ha puesto en contacto con el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, quien no ha escondido su profundo malestar por la situación: “No tengo fe CNMC”, exclama.
Este expediente se suma al que inició el organismo en 2018 y que culminó en una multa histórica de 620.000 euros. Otros ocho colegios de abogados fueron sancionados por publicar baremos o tarifas orientativas sobre el precio de los servicios de los profesionales. La investigación se originó por una denuncia de Bankia. La entidad culpó a los colegios de estar distorsionando el mercado al considerar que existía una recomendación de honorarios en los pleitos masivos que por entonces se libraban por todo el territorio por la salida a bolsa de la entidad en 2011. La entidad financiera perdía la mayoría de casos en los que, además, tenían que pagar las costas del juicio.
En 2020, la propia entidad supervisora avaló los nuevos criterios orientativos para la tasación de costas presentado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Pero, en mayo de este año, se inició una investigación en el marco de las actuaciones de vigilancia de la CNMC y el Consejo de la CNMC interesó a la Dirección de Competencia a iniciar un expediente sancionador contra el ICAB por existir indicios de incumplimientos. En concreto, Competencia acusa al colegio catalán de transformar en ejemplos numéricos las indicaciones genéricas contenidas en los criterios homologados por la CNMC, que defiende que los colegios nunca pueden dar cifras concretas. En la citada investigación se acumularon casos en los que el colegio había dado formación y explicado con ejemplos reales los criterios orientativos. Se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.
Se da la circunstancia de que la nueva Ley de Derecho de Defensa reconocerá expresamente la facultad de los colegios de abogados para publicar criterios orientativos que sirvan a los usuarios de la justicia para conocer aproximadamente el importe de la posible condena en costas.
Reacción del decano
Este medio se ha puesto en contacto con el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, quien no ha escondido su profundo malestar por la situación. La primera investigación, cuenta el decano, continuó a pesar de la recomendación de la ponente de archivar el expediente. Esta es la segunda ocasión que se enfrentan al escrutinio de la CNMC. “Estamos muy molestos por la filtración de la noticia”, declara. “Aún estamos en fase de alegaciones y se está poniendo en duda la presunción de inocencia del colegio”, remata. Con esta situación, y tras haber soportado una multa por el mismo motivo, Sánchez se declara agnóstico “No tengo fe la CNMC”, exclama.