Isabel Perelló (presidenta CGPJ): “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces”
La nueva presidenta del Tribunal Supremo hace una defensa de la independencia del poder judicial en su discurso de apertura del curso
Arranca el curso judicial con un panorama diametralmente distinto al de hace tan solo un mes. Después de cinco años y medio de bloqueo institucional y un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el órgano de gobierno de los jueces ha sido renovado y puede echar a andar para transitar una nueva etapa de la judicatura española. Por primera vez en la historia, una mujer, la magistrada Isabel Perelló, ha sido elegida para llevar el bastón de mando al frente de la institución y del Tribunal Supremo. La vuelta a la normalidad no ha disipado aún, en cambio, la tensión en las filas judiciales, que sobrevuela desde la amnistía y que se ha alimentado con controversias y cuestiones como la posible imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La nueva presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha puesto boca arriba sus cartas: defenderá la independencia de jueces y magistrados. “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”, ha advertido.
Este jueves, el rey Felipe VI ha presidido el acto de apertura del año judicial 2024-2025 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Un acto solemne en el que han intervenido la presidenta del Alto Tribunal, Isabel Perelló, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Entre otras autoridades, han asistido los vocales del CGPJ, los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados y magistradas de este órgano, así como los presidentes o presidentas de los tribunales superiores de justicia. El evento ha contado con la presencia de Francina Armengol, la presidenta del Congreso; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha estado en este solemne acto.
Tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, Perelló ha presentado la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los juzgados y tribunales del España en el año 2023. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado por su parte el informe anual sobre la actividad de la fiscalía y la evolución de la criminalidad.
Fiscalía
En su discurso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz se ha congratulado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial: “Renovado por fin, se abre una etapa nueva” con la cooperación siempre leal, ha asegurado, de la fiscalía. García Ortiz ha analizado los datos de la memoria de la actividad de la institución durante 2023. “Estes es un ejercicio de transparencia frente a la sociedad, que tiene derecho a preguntar y cuestionar”, ha subrayado.
El fiscal general del Estado ha hecho, en primer lugar, una defensa férrea de la imparcialidad de la institución y de los 2.795 fiscales que integran la plantilla de la carrera fiscal, de los cuales 1.850 son mujeres (66%). “La ciudadanía puede estar tranquila, siempre actuaremos de forma imparcial”, ha asegurado. García Ortiz ha sacado pecho al indicar que las mujeres en puestos directivos en la fiscalía suponen el 45% de la plantilla, seis puntos más que en 2019, por lo que la institución se ha adelantado y superado las exigencias de la ley de paridad que impone el 40% de presencia femenina en estos cargos.
García Ortiz ha desglosado las cifras de la fiscalía. En 2023 se incoaron 1.663.862 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 11,1 % respecto al año 2022. El fiscal general ha subrayado que en 2023 se llegó a la conformidad en los juzgados de instrucción en un 75,6 %, cifra similar al 75 % de 2022 y al aproximadamente 76 % de 2021, lo que representa un 51,7 % del total de las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal en 2023. Los delitos que más se cometieron este año en España fueron, por este orden, los delitos contra la vida y contra la integridad (31%), los delitos contra el patrimonio (que se mantienen en el 20%). Por otro lado, se ha quejado del significativo aumento de las suspensiones de juicios durante el año pasado respecto de 2022.
El fiscal general del Estado ha urgido dos cambios necesarios en el sistema judicial. El primero, ahondar en la digitalización de la justicia para que se convierta en un servicio público cercano a los ciudadanos. En este sentido, ha mostrado preocupación por las consecuencias negativas de la parcelación de los sistemas de gestión procesal entre las comunidades autónomas. La fragmentación provoca ineficiencia, ha indicado: “Apelo a una reflexión en este punto”. En segundo lugar, García Ortiz ha reclamado la reforma del modelo penal hacia un modelo acusatorio en manos de la fiscalía. El sistema procesal nacido en una España decimonónica ya no sirve, ha urgido el jefe de los fiscales. “Empeñados en este cambio radical, ponemos en valor la función de quienes somos titulares de la acción pública”, ha afirmado.
Poder Judicial
“Hecho histórico”. Así ha calificado Isabel Perelló su nombramiento como nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. “Nací en una España en el que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial”, ha recordado. Ahora, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Sin embargo, la nueva presidenta ha advertido de que aún queda mucho camino por recorrer, ya todavía siguen siendo minoría en los cargos judiciales.
Perelló ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y poderes del Estado para “respetar el trabajo del Poder Judicial”. En el acto de apertura del año judicial la necesidad de “evitar ataques injustificados” que pueden “socavar la legitimidad y la reputación” del Poder Judicial. No obstante, no significa que se opongan a aceptar críticas. “La posibilidad de criticar, también las resoluciones judiciales, es lo que hace a una sociedad libre, abierta y plural”, ha señalado.
Por último, ha puesto en valor el papel de los magistrados del Tribunal Supremo. “No puedo dejar de reconocer la excelente labor de mis compañeras y compañeros del Tribunal Supremo que en una situación muy difícil, con motivo de las bajas no cubiertas, han seguido prestando sus servicios, redoblando el esfuerzo para que la crisis del Tribunal Supremo, no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos”, ha concluido.
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