Los negocios turbios con petróleo salpican a un grupo de españoles
Las autoridades estadounidenses mencionan a cuatro españoles en un caso de pago de sobornos a Petroecuador
La implicación de traders españoles en uno de los últimos escándalos internacionales relacionados con la compraventa fraudulenta de petróleo ha sacado a la luz los métodos, no siempre legales, con que tratan de cerrar transacciones en el extranjero. En marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a la multinacional energética suiza Gunvor a pagar una sanción de 661,7 millones de dólares (610 millones de euros) por haber ded...
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La implicación de traders españoles en uno de los últimos escándalos internacionales relacionados con la compraventa fraudulenta de petróleo ha sacado a la luz los métodos, no siempre legales, con que tratan de cerrar transacciones en el extranjero. En marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a la multinacional energética suiza Gunvor a pagar una sanción de 661,7 millones de dólares (610 millones de euros) por haber dedicado 97 millones de dólares a sobornar a funcionarios ecuatorianos. A cambio, obtuvieron información sobre Petroecuador que ayudó a Gunvor “a lograr y retener negocios de manera corrupta”, según se lee en la exposición de los hechos por parte de las autoridades norteamericanas. En el documento aparece citada cuatro veces la palabra Spain, una por cada implicado de nacionalidad española.
La identidad de dos de ellos, Enrique Peré Ycaza, alias Bruce, por su parecido con el actor Bruce Willis, y su hermano Antonio, nacidos en Ecuador aunque de una familia de origen español gracias a la cual consiguieron la ciudadanía, se hizo pública en abril de 2022. Fueron los encargados de actuar como intermediarios, abriendo cuentas bancarias, recabando el dinero de Gunvor y efectuando los sobornos. Para ello utilizaron dos compañías, Energy Intelligence & Consulting Corp (EIC), registrada en Panamá, y Oil Intelligence Corp (OIC), con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Ambos se han declarado culpables de los delitos de lavado de dinero y de violar la ley de prácticas de corrupción en el extranjero de Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en inglés).
Sobre los otros dos españoles que participaron en este esquema de corrupción que se prolongó entre 2012 y 2020 pende un halo de misterio. El Departamento de Justicia de EE UU no ha desvelado aún sus nombres, y los identifica en el escrito como Gunvor Manager #1 y #2, residentes en Suiza. Ambos desempeñaron posiciones directivas en la firma. El primero en la filial de Bahamas, y el segundo tanto en la de Bahamas como en la de Singapur. El relato de los hechos, admitido por la propia Gunvor, deja claro que estaban informados de lo que ocurría. “Sabían y tenían la intención de que una parte de los pagos se utilizara para sobornar a funcionarios ecuatorianos”. Eso sí, evitaban mencionarlo de forma explícita. “En un encuentro en Miami con Antonio Peré, Gunvor Manager #1 dijo, en resumen, que no quería saber nada sobre los pagos que Antonio Peré estaba haciendo a funcionarios ecuatorianos”, puede leerse en una frase de las 15 páginas de que consta la narración de lo sucedido.
No se hablaba de ello abiertamente, pero el dinero corría. Y los regalos. El más llamativo llegó en 2014 tras la firma de un contrato entre Gunvor y Petroecuador. “Antonio Peré, bajo la dirección del Manager #1 de Gunvor, compró a Arias un reloj Patek Philippe de oro de 18 quilates por un valor aproximado de 38.000 dólares a cambio de la asistencia de Arias para la aprobación de el contrato y por proporcionar información confidencial de Petroecuador a Gunvor”, dicen las autoridades de EE UU.
Nilsen Arias era entonces el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, y recientemente ha declarado que recibió sobornos de otras empresas del sector, como Trafigura, Sargeant Marine y Vitol. La discreción no iba con él. Su tren de vida, con lujos como la compra de un Porsche de 150.000 euros o una casa bien equipada en Portugal, le delataba.
“Gunvor siempre ha estado asociada con gente bastante oscura, pero quién en ese mundo no lo es”, dice a este diario un operador español que ha estado durante años sumergido en ese universo tan lucrativo y opaco, donde proliferan comisiones y pactos bajo cuerda. Según Bloomberg, durante la última década se han presentado más de 15 demandas contra empresas comercializadoras de petróleo, sus empleados y sus agentes. Algunas de ellas están todavía en curso o en apelación. Y atañen a buena parte de los Estados petroleros, entre ellos Venezuela, México, Brasil, Angola, Costa de Marfil, República del Congo, Nigeria, Malawi, Camerún, Ghana, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur, jurisdicciones, todas ellas, donde la corrupción es un mal común.
¿Por qué hay españoles embarcados en este tipo de actividades? Los motivos son varios. Hay una ventaja competitiva a la hora de hacer tratos con América Latina por el idioma, la cual no existe con los países árabes. Y las carencias energéticas del país son notables. “Siempre ha habido un grupo de españoles vinculado al mundillo del trading de petróleo. Hay que tener en cuenta que España es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo”, contextualiza un buen conocedor del sector.
Pese a la cercanía con la América de habla hispana, también ha habido en el pasado reciente españoles ligados a casos turbios al otro lado del mundo. El nombre del entonces trader español de Glencore Luis Álvarez aparece en el informe elaborado por el comité independiente de Naciones Unidas que en 2005 investigó pagos ilegales a Irak en el marco del programa Petróleo por alimentos, aunque finalmente salió airoso y terminó su carrera profesional en la compañía a finales de 2014.
La iniciativa, promovida por la administración de Bill Clinton y dirigida por Paul Volcker, que más adelante presidiría la Reserva Federal, debía servir para proveer al país de comida, medicinas y ayuda humanitaria a cambio de hidrocarburos en un contexto de sanciones contra el régimen de Sadam Hussein. Sin embargo, esas buenas intenciones, que pasaban por evitar que los civiles sufrieran las consecuencias económicas del embargo occidental, se vieron ensombrecidas por las acusaciones de corrupción que rodearon al programa.
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