Telefónica completa el despliegue de su red nacional de computación de proximidad
El Gobierno tramita cambios regulatorios para satélites, IA y centros de datos
Telefónica España finalizó el despliegue de su red de edge computing (computación de los datos cerca de donde se generan) en el territorio nacional mediante la activación de 17 nodos de procesamiento, según anunció este miércoles el presidente de la filial, Borja Ochoa, durante la jornada inaugural del foro sectorial DigitalES Summit.
La operadora ubicó los centros de procesamiento de datos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Valladolid, Gijón, A Coruña, Terrassa, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela y Mérida. Según indicó la compañía, la distribución geográfica busca acercar la capacidad de computación a los clientes corporativos.
El Edge posibilita el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos (en el borde o Edge), a diferencia de los centros de datos tradicionales o del cloud computing.
Telefónica ha ejecutado este despliegue mediante la reconversión de antiguas centrales de la red de cobre. Ochoa explicó que el cierre de las instalaciones heredadas permite liberar espacios para instalar minicentros de datos distribuidos, una operación vinculada a la transición operativa de la compañía hacia la fibra óptica. El directivo señaló que la arquitectura de la nueva red reduce la latencia en las transmisiones y agiliza los procesos de las empresas y las administraciones públicas. La proximidad física de los servidores permite tiempos de respuesta mínimos, un requerimiento técnico para la automatización industrial y el análisis de datos en tiempo real.
Ochoa enmarcó la finalización de los 17 nodos dentro de la estrategia de la compañía para integrar las redes de fibra de alta velocidad y la conectividad 5G con servicios de ciberseguridad. El ejecutivo afirmó que la capacidad de procesar y almacenar información en servidores locales garantiza que el tráfico de datos permanezca bajo jurisdicción española.
Durante su intervención, el directivo catalogó las redes de telecomunicaciones como un elemento estructural para sostener la soberanía digital del país. Ochoa argumentó que la dependencia tecnológica de servidores ubicados en terceros países incrementa la vulnerabilidad de las empresas europeas frente a disrupciones de mercado y riesgos de seguridad.
El máximo responsable de Telefónica España dedicó el tramo final de su exposición a analizar la regulación del sector de las telecomunicaciones en Europa. En su opinión, el marco normativo vigente en el continente responde a la estructura del mercado de hace tres décadas y solicitó a las autoridades comunitarias una revisión legislativa. Asimismo, entiende que la regulación actual genera un escenario de asimetría competitiva entre las compañías de telecomunicaciones europeas y las grandes firmas tecnológicas globales. Ochoa demandó normas que fomenten la rentabilidad de las inversiones en infraestructuras y permitan la consolidación corporativa del sector en la región.
Soberanía tecnológica
En el mismo foro empresarial, el secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, Matías González, anunció que el Gobierno español tramita la adaptación de la normativa nacional y europea para regular activos estratégicos como satélites, centros de datos y cables submarinos. Durante su intervención, González señaló que el marco regulatorio vigente fue diseñado para un entorno menos integrado y dependiente de la inteligencia artificial, por lo que defendió la necesidad de un ecosistema híbrido que unifique las redes terrestres y no terrestres. Entre las prioridades regulatorias inmediatas se encuentran la revisión europea de las licencias de la banda de 2 GHz y la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027.
Asimismo, el Ejecutivo destinará 719 millones de euros para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en el país, partida que incluye una asignación de 300 millones de euros orientada a la atracción de una gigafactoría europea de IA. Respecto a la infraestructura física, González advirtió que la soberanía tecnológica de estos centros y de los cables submarinos no dependerá únicamente de su ubicación geográfica en territorio nacional, sino de factores como la jurisdicción, el control efectivo de los datos y la seguridad ante riesgos físicos y geopolíticos. El plan institucional busca establecer un marco que garantice la seguridad jurídica y estimule la inversión privada en el sector.
Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, expuso las directrices del Gobierno respecto al despliegue de nuevas tecnologías. Instó a los agentes económicos a redefinir el concepto de la inteligencia artificial y solicitó que los nuevos modelos de lenguaje y sistemas de computación dejen de analizarse como herramientas de optimización o innovación, para pasar a considerarse estrictamente bajo la categoría de infraestructura.
La responsable de la Secretaría de Estado equiparó las redes de procesamiento algorítmico con los recursos de carácter público. Así, comparó la gestión y el acceso a la inteligencia artificial con suministros básicos como el agua, la red eléctrica o las conexiones troncales de internet, catalogándola como estratégica para el funcionamiento del Estado.
Según argumentó la representante del Ministerio de Transformación Digital, el despliegue de esta tecnología requiere una planificación asimilable a la de las grandes obras de ingeniería civil. El Gobierno sostiene que la capacidad de cálculo algorítmico determinará la competitividad del tejido productivo a medio y largo plazo.
Ambas intervenciones formaron parte de la apertura de la novena edición del DigitalES Summit en Madrid. La patronal organizadora congrega a empresas tecnológicas, directivos y representantes públicos para analizar el estado de las inversiones en telecomunicaciones y la evolución del marco regulatorio.