Finetwork pierde medio millón de líneas desde su crisis con Vodafone
Los socios originales recuperan el control y abren una investigación sobre los últimos gestores
La crisis de Finetwork continúa agravándose más de un año después de su estallido, con un fuerte impacto tanto en su base de clientes como en su estabilidad societaria. Desde el inicio del conflicto judicial en 2025, la operadora de telecomunicaciones ha perdido cerca de medio millón de líneas de móvil y banda ancha, en un contexto marcado por la incertidumbre, el deterioro reputacional y la fuga progresiva de usuarios, según las últimas c...
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La crisis de Finetwork continúa agravándose más de un año después de su estallido, con un fuerte impacto tanto en su base de clientes como en su estabilidad societaria. Desde el inicio del conflicto judicial en 2025, la operadora de telecomunicaciones ha perdido cerca de medio millón de líneas de móvil y banda ancha, en un contexto marcado por la incertidumbre, el deterioro reputacional y la fuga progresiva de usuarios, según las últimas cifras provisionales aportadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las que ha tenido acceso este diario.
El origen de esta situación se remonta a la declaración de preconcurso de acreedores en mayo de 2025 y al proceso de reestructuración aprobado inicialmente por el Juzgado Mercantil número 1 de Alicante, que permitió la entrada de Vodafone España en la gestión de la compañía en septiembre de ese mismo año. A partir de ese momento, el operador pasó a estar controlado por un nuevo equipo directivo liderado por José Miguel García Fernández, consejero delegado de Vodafone España, en calidad de administrador único, quien nombró a José Luis Prieto, procedente de Avatel, para enderezar el rumbo comercial de la marca.
Sin embargo, lejos de estabilizar el negocio, la situación derivó en una crisis prolongada. El enfrentamiento entre accionistas, la judicialización del proceso y las dudas sobre la viabilidad del proyecto dañaron profundamente la imagen de Finetwork. El resultado ha sido una caída sostenida de clientes y una pérdida de relevancia en el competitivo segmento low cost de las telecomunicaciones. Si a finales de 2024, la compañía contaba con 1,3 millones de líneas de banda ancha y móvil, ahora apenas superan las 800.000.
En el primer trimestre del presente ejercicio, Vodafone España registró una pérdida neta de 94.000 líneas por portabilidad, un 8,1% más que el año anterior, un dato especialmente significativo porque ya incluye el impacto de Finetwork dentro de sus cifras. Aproximadamente la mitad de esas bajas se atribuyen directamente a Finetwork, lo que distorsiona la evolución real del negocio principal de Vodafone, informan fuentes del sector.
Vodafone España, controlada por el fondo Zegona, trató de relanzar la marca aprovechando su infraestructura, ya que Finetwork opera sobre su red. Además, hasta septiembre de 2024, también gestionaba la numeración y las tarjetas SIM del operador, lo que facilitaba una eventual integración. Tras recuperar el control, la última iniciativa ha sido el lanzamiento el pasado mes de marzo de un nuevo catálogo de tarifas para posicionarse en el low cost y hacer frente a marcas como Digi o Symio. Aun así, los esfuerzos no han logrado revertir la tendencia negativa.
Destitución de García
El conflicto ha dado un giro decisivo tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante del pasado 27 de abril, que ha declarado ineficaz el plan de reestructuración impulsado por Vodafone y ha revocado la resolución anterior del juzgado mercantil. El tribunal ha señalado la existencia de “relevantes carencias y defectos”, incluyendo problemas sustanciales en la capitalización de la deuda, lo que ha invalidado la operación.
A raíz de esta decisión, los socios originales han pasado a la ofensiva y han ejecutado un cambio inmediato en la gobernanza. El consejo de administración de Wewi Mobile, matriz del operador, ha asumido de nuevo el control efectivo de la sociedad, recuperando la estructura previa a la intervención de Vodafone.
El nuevo órgano reproduce esencialmente la composición anterior, con Pascual Pérez como presidente y Pedro Andreu como vicepresidente, junto a otros consejeros históricos como Carlos Gutiérrez, José María López o Fernando López. Este último, también director de operaciones en Kai Capital, ha confirmado que se han revocado los cargos designados durante la etapa anterior y que el nuevo consejo ya está plenamente operativo.
Como primera decisión, el consejo ha destituido con efectos inmediatos al administrador único, José Miguel García, que ocupaba el cargo desde 2025. La medida busca restablecer el orden societario y garantizar la viabilidad del proyecto tras meses de incertidumbre. Los socios consideran que la situación vivida ha generado un escenario de inseguridad jurídica para la empresa, sus accionistas y sus acreedores, y no descartan que puedan haberse producido incumplimientos de los deberes del administrador durante este periodo.
En este contexto, el nuevo consejo ha puesto en marcha una revisión exhaustiva de la gestión de los últimos cinco meses. “Vamos a ver qué hay en la compañía y qué se ha hecho en este tiempo sin una sentencia firme”, han señalado fuentes del órgano de gobierno, que ya han solicitado a Vodafone toda la documentación necesaria para evaluar la situación real de la empresa.
Además, se ha acordado la apertura de una investigación interna independiente para analizar posibles irregularidades. Si se confirman los indicios detectados, la compañía podría emprender acciones legales contra Vodafone España por vulneraciones de los deberes de diligencia y lealtad, conflictos de interés o incluso administración desleal, tanto en el ámbito civil y mercantil como penal.
Por su parte, Vodafone España ha asegurado que no tiene constancia formal de algunas de estas decisiones y ha reiterado su intención de recurrir la sentencia en todas las instancias posibles, incluido el Tribunal Constitucional, lo que anticipa un nuevo capítulo en la batalla judicial.
En paralelo, el nuevo consejo ha querido lanzar un mensaje de estabilidad interna. La compañía mantendrá, por ahora, su sede en Elda y ha manifestado su intención de preservar tanto la actividad como el empleo vinculado al proyecto, aunque reconoce que aún está analizando el estado operativo tras el periodo bajo control externo.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante ha supuesto un duro revés para Vodafone al anular el plan con el que había tomado el control de Finetwork. El fallo devuelve la propiedad a los socios fundadores y deja sin validez la reestructuración, al considerar que se tramitó incorrectamente sin el consentimiento de la mayoría del capital. Como consecuencia, la operadora entra en un “limbo jurídico”, ya que los gestores nombrados por Vodafone pierden legitimidad y se cuestiona la validez de decisiones recientes, desde contratos hasta campañas comerciales.
Esta situación genera una gran incertidumbre sobre el futuro de Finetwork, tanto a nivel financiero como operativo. La empresa podría ver comprometida la financiación aportada por Vodafone y enfrentarse a conflictos internos por el control efectivo del negocio, afectando a empleados, proveedores y cerca de un millón de clientes. Aunque la compañía asegura que el servicio no se verá afectado, expertos advierten de posibles bloqueos si no se resuelve el conflicto, cuya salida más probable pasa por un acuerdo extrajudicial entre Vodafone y los antiguos propietarios.